■ El llamado outsourcing daña seriamente a los ciudadanos, pues propicia el abuso laboral
Iniciativa del PRD para penalizar la subcontratación en el gobierno
La bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados presentará mañana una iniciativa de reforma constitucional y legal para impedir que el gobierno federal, del Distrito Federal, los gobiernos estatales y municipales, así como el Congreso de la Unión y el Poder Judicial contraten empresas que, a su vez, subcontratan mano de obra para servicios por medio del denominado outsourcing (subcontratación).
Este modelo, expone el proyecto del diputado Francisco Javier Calzada, no sólo constituye un fraude en las relaciones de trabajo, sino que el propio Estado permite “una reducción criminal en los salarios” y regresa al país, señala, a la época del Porfiriato.
La iniciativa se elaboró a partir de que el PRD y Convergencia han cuestionado las condiciones irregulares en que la empresa Alfa Sol mantiene a sus empleados, a quienes paga 900 pesos al mes, no les otorga prestaciones, les impide comer fuera de la Cámara y utilizar las sucursales bancarias dentro del Palacio Legislativo y no les paga utilidades a pesar de que el contrato anual por los servicios de limpieza es de 19 millones de pesos.
El legislador refirió que la práctica del outsourcing se ejerce generalmente por empresas que, en el afán de ahorrar recursos, contratan a otras compañías para que realicen servicios y, por lo tanto, ello no genera ninguna responsabilidad con las primeras. “Pero si esto es grave en la iniciativa privada, lo es más cuando se emplea por el Estado, ya que no sólo violenta el estado de derecho, sino que se transfieren recursos federales a empresas privadas”, señaló.
Además, expuso, la subcontratación “es fuente prolífera de corrupción, ya que las constantes asignaciones a empresas privadas se llevan a cabo bajo condiciones poco claras”.
Cuando el gobierno federal o los poderes Legislativo y Judicial hacen uso de estas compañías, dijo, también sujetan a los trabajadores a una cadena de contrataciones temporales que les impide acumular antigüedad y derechos inherentes a ésta, como vacaciones, prima vacacional y ascensos, entre otros, y sobre todo se les suprime el derecho a reclamar el despido o la terminación injustificada en la relación del trabajo.
Se llega al colmo, dijo, de que las propias empresas constituyen subsidiarias, jurídicamente independientes, para obtener personal en condiciones laborales aún más precarias, “es decir, la esencia del outsourcing es el fraude en las relaciones de trabajo”.
En la exposición de motivos, el legislador perredista señala además que “si el Estado hace uso de de mano de obra subcontratada, equivale a una reducción criminal en los salarios, de la estabilidad moral y de las condiciones de trabajo; si disminuyen las percepciones de los trabajadores, éstos y sus familias tendrán una peor alimentación y bienestar, lo que se traduce en mayores índices de mortalidad y morbilidad; también los sueldos precarios son causas de desintegración familiar, deserción escolar, drogadicción, delincuencia y otros problemas sociales que el Estado y sus instituciones terminarán por enfrentar”.
La propuesta considera reformar el artículo 215 del Código Penal Federal para tipificar el delito de abuso de autoridad a quien autorice o subcontrate trabajadores, entre otros apartados de la ley.