Rosario Ibarra y grupos civiles condenan uso de la policía
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Rosario Ibarra, exigió que cese la represión contra el magisterio de Morelos y que se presente a los maestros desaparecidos durante el operativo policiaco que se llevó a cabo en Xoxocotla, mientras organismos de defensa de las garantías fundamentales resaltaron que sin diálogo está cancelada la posibilidad de consolidación de la democracia en México.
Los activistas también señalaron el riesgo que implica para la paz social la persistente participación del Ejército en acciones de represión contra movimientos sociales. Además, dijo Brisa Maya, directora del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), habría que recordar las experiencias pasadas de San Salvador Atenco y Oaxaca, las cuales siguen vigentes con procesos judiciales abiertos y personas detenidas en penales de alta seguridad. Estos hechos –apuntó– tenían que haber servido para evitar que se repitieran.
Por una cultura de respeto
Al respecto, Edgar Cortez, de la Red Todos los Derechos para Todos, destacó que mientras el gobierno no tome la decisión de modificar las instituciones policiacas y de justicia para que asuman una cultura de respeto a los derechos humanos, “seguiremos viendo acontecimientos como los de Morelos”.
Adrián Ramírez, de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, se cuestionó sobre el costo de mantener a los militares y fuerzas policiacas en acciones de represión y lo que habría invertido el gobierno si hubiera tomado la alternativa del diálogo con los inconformes.
Los activistas coincidieron en señalar como “grave error” de las autoridades no haber escuchado las peticiones de los maestros antes de decidirse por la imposición del proyecto de la Alianza por la Calidad Educativa. Menos aún cuando sólo intervinieron en su diseño la Secretaría de Educación Pública y la dirigencia del SNTE, en particular Elba Esther Gordillo.
A su vez, el senador perredista Graco Ramírez acusó al gobernador de Morelos, Marco Adame, y a la secretaria de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, de haber incumplido un acuerdo con legisladores para privilegiar el diálogo en la solución del conflicto con los maestros. “Sin embargo, bastó un manotazo de Gordillo para que ambos se echaran para atrás y decidieran escalar aún más el conflicto al reprimir a los mentores” recalcó.