Editorial
UNAM: reconocimiento y necesidades
Por quinto año consecutivo, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se ubicó dentro de las mejores 200 universidades del planeta, de acuerdo con el listado que elabora anualmente el suplemento especializado The Times Higher Education Supplement. Así, la máxima casa de estudios del país se coloca en el lugar 150 –el primero de Iberoamérica–, por encima de importantes universidades del llamado primer mundo como la de Amsterdam, en Holanda; las de Florida y Notre Dame, en Estados Unidos; la Queen Mary, en Inglaterra, y la de Kobe, en Japón.
La posición obtenida esta vez por la UNAM en la clasificación reviste especial mérito –la institución logró recuperar en tan sólo un año más de 40 posiciones con respecto a 2007, cuando fueron modificados los criterios de evaluación– y viene a confirmar a escala internacional el valor que esa casa de estudios posee en el ámbito interno: además de formar a millones de profesionistas, la máxima casa de estudios realiza aportes invaluables a la vida nacional; posee una importante presencia, prestigio y fuerza moral en el país, y funge como formadora de prominentes cuadros en los ámbitos científico, académico, cultural, humanístico, político, periodístico y empresarial.
Es pertinente, pues, ponderar el valor de este reconocimiento a la universidad, sobre todo en un momento en el que, como consecuencia de los descalabros sufridos recientemente por la economía mundial y de la actitud irresponsable e incauta de las autoridades federales, la Cámara de Diputados ha pedido al Ejecutivo federal la relaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación 2009.
De acuerdo con el presidente del Senado, Gustavo Madero, la nueva propuesta de paquete económico pudiera sufrir recortes equivalentes a 50 mil millones de pesos, y no resulta descabellado suponer que los rubros castigados pudieran ser, precisamente, aquellos que constituyen las fuentes de recursos de la máxima casa de estudios: educación superior, educación media superior, posgrados y cultura. Tal perspectiva tendería a agravar la situación presupuestaria que enfrenta la UNAM, de por sí castigada en el paquete presupuestario enviado hace un mes por el gobierno calderonista a San Lázaro, situación que inclusive orilló al rector José Narro a solicitar, ante la Cámara de Diputados, un monto adicional de 950 millones de pesos.
El gobierno calderonista ha demostrado que, al margen de los discursos y de las acciones cosméticas, la educación pública no es una de sus prioridades: así lo apunta la alianza política de facto que mantiene con la cúpula que controla el magisterio –y cuya corrupción y patrimonialismo son lastres fundamentales para el desarrollo de la enseñanza pública–, y la implementación de políticas como la Alianza por la Calidad de la Educación, que atenta contra la certidumbre laboral de la planta docente nacional, propicia situaciones conflictivas como la que se vive en Morelos, y genera muestras de repudio en todo el país.
Ante tal circunstancia, recae en los legisladores la responsabilidad de evitar que se dé un recorte al gasto de la educación pública en general, y de la UNAM en particular. Cabe esperar, en suma, que éstos actúen con sensatez y visión de país, y que no sólo atiendan la petición lanzada el pasado jueves por el académico Miguel León Portilla (“que se recorte de donde sea, pero nunca a la educación”), sino que procuren, además, destinar a la máxima casa de estudios una partida presupuestaria que corresponda con sus logros a escala nacional e internacional, y darle, con ello, la importancia y el reconocimiento que se merece.