■ Presenta Insulza informe sobre la situación en América
Faltan acuerdos hemisféricos para combatir la criminalidad: OEA
La inseguridad pública es grave y está en pleno desarrollo, advirtió el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, quien agregó que se trata de “una epidemia, una plaga en nuestro continente que mata a más gente que el sida o cualquier otra epidemia conocida; destroza más hogares que cualquier crisis económica que podamos sufrir y es una amenaza para las instituciones del Estado, tan nociva como cualquier situación de subversión que hayamos experimentado”.
Al rendir un informe sobre la situación de la seguridad pública en el continente, ayer en el contexto de la Primera Reunión de Ministros de Seguridad Pública de las Américas, cuestionó que ante la percepción generalizada de que el Estado es incapaz de enfrentar el fenómeno de la delincuencia, los ciudadanos pueden pensar que las libertades y los derechos “son, más bien, armas a favor de los delincuentes”, o que perciban que las regulaciones a los cuerpos de seguridad “se presuman como frenos a su efectividad”.
El secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, sostuvo que el reto que enfrenta el continente es eficientar “con una visión trasnacional el combate a la delincuencia, que opera así, trasnacional; articulando capacidades y fortalezas institucionales en cada nación”.
Ante el presidente Felipe Calderón, García Luna indicó que se requiere de la participación de la comunidad internacional, con un eficiente intercambio de información e inteligencia, y mejorar la cooperación en un esquema de total corresponsabilidad.
Insulza, a su vez, sostuvo que existe una correlación entre pobreza, desigualdad y marginación con el incremento de la criminalidad.
Convocó a los asistentes a la reunión a reconocer que “no obstante los importantes esfuerzos que nuestros presidentes hacen para combatir el problema y los sustanciales avances que se han logrado”, subsisten serias dificultades, como la falta de políticas de seguridad pública integrales, acuerdos hemisféricos para combatir al crimen e incapacidades “técnicas y materiales para combatir este grave problema”.
Apuntó que 21 por ciento de los jóvenes latinoamericanos no estudia ni trabaja, por lo cual “para ellos protagonizar o ser víctima de la violencia es una posibilidad cotidiana.
“Si bien la pobreza por sí sola no es factor explicativo, sí existe una correlación muy clara cuando ésta interactúa con otros factores como la desigualdad, la marginación y la exclusión en las que vive parte importante de la población”, indicó.
Cien mil homicidios cada año
La región ocupa el primer lugar mundial en homicidios cometidos, manifestó, “100 mil vidas humanas se pierden anualmente”, además de que las muertes en actos violentos son la primera causa de mortalidad entre jóvenes de 15 a 29 años de los estratos medios y bajos de la sociedad, en los que alcanza 100 muertes por cada 100 mil habitantes. La suma de los costos económicos que genera la violencia representa casi 14 por ciento del producto interno bruto en América Latina y el Caribe, indicó.
Destacó la crisis que vive el sistema carcelario y cómo las prisiones (hay más de 4 millones de latinoamericanos en ellas) se han convertido en escuelas de criminales. Mientras, el tráfico de drogas genera más de 320 mil millones de dólares anuales, lo que habla de su poder corruptor.
Insistió en que la información sobre criminalidad es determinante en la capacidad para enfrentar el problema, porque su falta de claridad afecta la calidad y pertinencia de las políticas públicas en el área.
Subrayó que la seguridad es un bien público y responsabilidad principal del Estado y no de empresas o agrupaciones privadas destinadas a ese propósito.