■ ONG demandan despenalizarlo en todas las entidades federativas
Crece 64 por ciento el número de abortos en 16 años, revela estudio
La tasa de aborto en el país aumentó casi dos tercios en 16 años, sostuvo Fátima Juárez, investigadora del Colegio de México (Colmex), al presentar algunos datos del estudio El aborto inducido en México: ¿qué ha cambiado entre 1990 y 2006?, que hoy se hará público.
La difusión se realizará en la tercera Reunión de investigación sobre el embarazo no planeado y aborto inseguro: desafíos de salud pública en América Latina y el Caribe.
Al apuntar que en México 33 mujeres de cada mil en edad reproductiva interrumpen voluntariamente el embarazo, la especialista en demografía comentó que en el mundo cada año se efectúan unos 20 millones de abortos inseguros; de éstos, alrededor de 4 millones se practican en Latinoamérica y el Caribe.
“La evidencia científica muestra que el aborto es un problema de salud pública en países donde es ilegal”, expuso.
En el caso de México, el estudio demostró que las restricciones legales no reducen su práctica, y sólo tornan los abortos clandestinos e inseguros.
“Se estima que en 2006 se llevaron a cabo 874 mil 747 abortos inducidos en el país, mientras en 1990 se realizaron 533 mil 98, por lo que el aumento fue de 64 por ciento en dicho periodo.”
La región donde se reportó el menor número de interrupciones de embarazos fue el sureste, mientras en el centro, el norte y el Distrito Federal se informó que las tasas fueron de 34 a 36 por cada mil mujeres en edad reproductiva.
Al aborto voluntario se recurre “como último recurso, debido a la falta de servicios e información adecuada sobre métodos de planificación familiar”, expuso.
Agregó que “una de cada ocho mujeres en edad reproductiva tiene necesidades insatisfechas de algún método anticonceptivo, ya que su uso no se dio a la par con el deseo de ellas de tener familias más pequeñas”.
En las tres décadas anteriores, puntualizó, el uso de anticonceptivos ha sido relativamente lento y muy bajo entre los jóvenes.
“La demanda insatisfecha de anticoncepción entre los adolescentes sexualmente activos se ha subrayado como uno de los principales retos del gobierno.
“La reciente despenalización del aborto en el Distrito Federal provee un modelo valioso y una oportunidad para que se incremente dicho procedimiento legal en el resto del país y paralelamente se ofrezca la consejería post aborto sobre anticoncepción, se incrementen las iniciativas centradas en los jóvenes y mejoren los métodos de aborto seguro”, agregó.
A su vez, la directora de Católicas por el Derecho a Decidir, María Consuelo Mejía, sostuvo que mientras no se garantice al género femenino el acceso a todos los métodos anticonceptivos seguirá habiendo embarazos no deseados y abortos ilegales, sobre todo en los estados donde no hay acceso a servicios de interrupción legal.
Así, las mujeres siguen siendo “sujetas a la discriminación y al agravio comparativo; aún queda un largo camino por recorrer para lograr que se legisle en la materia. Reclamamos el acceso al aborto legal, seguro y gratuito para todas las mexicanas como una demanda de derechos humanos, de justicia social y salud pública”, añadió.
Pedro Morales, asesor legal del Grupo de Información en Reproducción Elegida, refirió que la reciente sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor de la constitucionalidad de la despenalización del aborto en el Distrito Federal sentó jurisprudencia e implica que las legislaciones penales del país deben transitar de los regímenes prohibitivos y sancionadores a uno permisivo, consecuente con los derechos femeninos fundamentales.
“Los legisladores, como representantes populares, tienen el deber ético de modificar legislaciones a la brevedad posible para impedir que a las mujeres de diversas entidades les vulneren” esos derechos, expuso.