La alianza para la privatización de la educación
Jessie Yurisa Dzib Dzib es maestra de primaria. Ganó una plaza mediante un concurso, para trabajar en el municipio de Cozumel. La Secretaría de Educación de Quintana Roo le otorgó el 16 de agosto un contrato de lista de raya por 15 días. No es susceptible de basificación, está sujeto a la evaluación de su desempeño y es pagado con recursos del municipio.
Jessie no es la única profesora que padece una situación así. En todo el país existen graves anomalías en la entrega de plazas de nueva creación a quienes concursaron y ganaron. Las vacantes definitivas son distribuidas por compradazgos o acuerdos previos entre líderes sindicales y autoridades educativas. Las irregularidades están en todo el país. Y para muchos maestros más de todo el país eso es la Alianza para la Calidad de la Educación (ACE). De allí su rechazo al programa.
En nombre de la modernización, la alianza reforma los lineamientos de la carrera magisterial para que se consideren exclusivamente tres factores: aprovechamiento escolar (medido a través del Ceneval), cursos de actualización certificados de manera independiente, y desempeño profesional. De esta manera pasa por encima del escalafón y deja fuera criterios de evaluación tan importantes como la antigüedad y los estudios universitarios.
La ACE establece como criterio para calificar a los maestros el desempeño escolar de sus alumnos medido con la prueba Enlace. Este examen no distingue regiones o niveles socioeconómicos de los alumnos. Es así como, por ejemplo, en su área cívico-ética pregunta a los estudiantes por el significado de los tres colores del semáforo. Por supuesto, un niño urbano no tiene problema alguno para responder a esa pregunta. No así un muchacho de una comunidad rural.
La alianza es para el gobierno de Felipe Calderón lo que Enciclomedia fue para la administración de Vicente Fox: la vía para hacer grandes negocios, abrogar conquistas laborales y privatizar la educación pública.
Formalmente destinada a proporcionar tecnología informática a las escuelas primarias del país, Enciclomedia se convirtió para Vicente Fox en el gran proyecto educativo de su sexenio. Le destinó más de 24 mil millones de pesos. Quienes desde las filas del magisterio se opusieron al proyecto y denunciaron que no respondía a las necesidades educativas nacionales fueron acusados de ser enemigos de la modernización.
Conforme el tiempo pasa, se documenta que Enciclomedia no sólo tiene dudosos resultados pedagógicos, sino que fue un gran negocio para unos cuantos empresarios. Funcionarios de la Secretaría de Educación Pública presuntamente negociaron y acordaron con las empresas proveedoras repartirse las compras para el programa.
La alianza abre a las organizaciones patronales la puerta para intervenir en la educación pública y para hacer negocios a partir de ella, tal como los hizo con Enciclomedia. Convoca a los empresarios a impulsar la transformación por la calidad educativa. Mediante su participación en los consejos de participación social, los involucra en la evaluación de los maestros.
Los hombres de negocios disputarán una parte de los 14 mil millones de pesos que se destinarán a este programa en el presupuesto de 2009. El jugoso pastel de infraestructura educativa para educación básica, tan deseado por contratistas privados, consistirá en 2 mil 380 millones de pesos, y a Enciclomedia le tocarán más de 5 mil millones de pesos. La iniciativa privada participará tanto en el lucrativo negocio de las evaluaciones anuales que se practicarán a los maestros y a los centros escolares como en el de las auditorías externas.
Los inversionistas no han esperado a que se les invite a los consejos para intervenir en el tema con su agenda. Sin tapujo alguno, Claudio X. González señaló: “debemos pensar cómo hacer para cambiar la educación”. La Confederación Patronal de la República Mexicana supervisó la aplicación del concurso de admisión para maestros de nuevo ingreso en el estado de Coahuila. No puede extrañar entonces que las cámaras patronales estén jugando un papel de primer orden en el apoyo a la alianza y en el fallido intento de movilizar a padres de familia contra maestros huelguistas en Morelos.
Los consejos de participación social tendrán entre sus funciones buscar recursos para el mantenimiento y funcionamiento de las escuelas, por conducto de donaciones o de cuotas cobradas a los padres de familia. De esta manera, así sea parcialmente, se traspasa a las familias de los alumnos el costo de la educación pública que, según la Constitución, debe ser gratuita.
Esta obsesión privatizadora puede verse con toda claridad en la jerga y los contenidos que integran el anteproyecto de norma oficial mexicana del Servicio de Calidad en la Educación Básica Obligatoria, en el que se resume el nuevo modelo educativo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El documento define a los alumnos como usuarios, a la SEP como proveedor, y a los padres de familia como “los supervisores y representantes ante la sociedad de los derechos y obligaciones del educando”.
El anteproyecto está plagado de referencias explícitas a la flexibilidad y competencia. Dice que el “desempeño del maestro y sus competencias serán certificadas por instituciones que cumplan con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización”. Señala que es necesario incorporar a las organizaciones del sector privado al organismo rector de la gestión de calidad de educación. Estipula la necesidad de efectuar auditorías externas por un tercero, una vez al año. Traspasa. En suma, como hace la alianza, entrega competencias públicas a entidades privadas.
Los maestros que se oponen a la ACE no buscan privilegios indebidos. La rechazan porque están seguros de que la calidad que reivindica no es más que un pretexto para que algunos hagan negocio y para que la derecha realice su viejo sueño de apropiarse de la docencia pública. El verdadero nombre del acuerdo debería ser alianza para la privatización de la educación.