■ Lo siguiente, el referendo para que el pueblo acepte o rechace la Constitución: gobierno

Sin acuerdo concluye en Bolivia diálogo con prefectos de oposición

■ Se mantienen divergencias sobre autonomías e impuesto a hidrocarburos: mandatario de Tarija

Rosa Rojas (Corresponsal)

Cochabamba, 5 de octubre. Sin un acuerdo nacional para convocar a un referendo constitucional, terminó hoy el diálogo entre el gobierno del presidente Evo Morales y los prefectos opositores de Santa Cruz, Tarija, Beni y Chuquisaca, que se desarrolló durante 24 días. El prefecto tarijeño Mario Cossío, en representación de sus pares, indicó que un logro de estas negociaciones fue “la pacificación del país” en el momento que “parecía que iba a desencadenarse la violencia”.

A nombre del Ejecutivo, el ministro de Desarrollo Rural, Carlos Romero, lamentó que los prefectos opositores no se hayan avenido a firmar un acuerdo nacional que consolidaría los consensos alcanzados en las mesas de trabajo para compatibilizar el proyecto aprobado en diciembre pasado por la Asamblea Constituyente con los estatutos autonómicos departamentales, a causa de “una estratagema política” de los gobernantes provinciales, quienes argumentaron la detención de activistas cívicos y “la necesidad de abrir otros temas de la Constitución, sin aclarar cuales”.

No obstante, explicó, se suscribió un acuerdo que recoge los trabajos de las dos mesas técnicas del diálogo nacional, la de “Constitución y autonomías” y la del “Impuesto Directo a los Hidrocarburos” (IDH), por parte de los prefectos de La Paz, Oruro, Cochabamba, Potosí y Pando, así como por la Federación de Autoridades Municipales.

“El MAS (Movimiento al Socialismo, partido en el gobierno) está asumiendo con muchísima convicción las autonomías”, y lo que sigue es el referendo “para que sea el pueblo el que acepte o rechace con su voto la nueva constitución”, señaló.

Planteó Romero que en el documento que recoge los informes de las citadas dos mesas técnicas y cuyos trabajos finalizaron en la madrugada de este domingo, se recogieron todas las observaciones que hicieron las regiones autonomistas al proyecto de nueva Constitución.

“Estamos muy firmes y optimistas con el país… hemos dado un paso histórico para recoger las autonomías, nos interesa entrar a la historia y recoger la demanda del país”, agregó.

Aclaró que ante la falta de un acuerdo, ahora se va a impulsar el trabajo en el escenario congresal, pero el gobierno seguirá convocando a los prefectos de oposición para seguir dialogando.

Romero manifestó su esperanza de que el Congreso actúe de acuerdo con la responsabilidad histórica que le ha concedido el país y que dé viabilidad a la consulta popular sobre el proyecto constitucional.

Una de las nuevas propuestas que plantearon los prefectos opositores es que se haga una auditoría al padrón electoral, pero de acuerdo con Romero, “ese es un tema de la corte electoral”.

En el tema de las “autonomías, que era su interés central, hemos correspondido”, subrayó el funcionario.

Romero detalló que las autonomías departamentales, sin ver amenazada su potencia institucional, tendrán competencias y recursos propios, elección de autoridades, potestad legislativa y cohabitación con otras autonomías, como las municipales o las indígenas, cuya base territorial será la tierra comunitaria de origen o territorios reconstituidos, sin que impliquen la modificación de los departamentos actuales.

Subrayó que habrá igualdad jerárquica entre las autonomías departamentales, municipales, indígenas y regionales, “de tal manera que no haya tutelaje o subordinación”, sino “asimetría competencial”.

Cossío, acompañado de los prefectos de Santa Cruz, Rubén Costas; de Beni, Ernesto Suárez, y de Chuquisaca, Savina Cuellar, aseveró por su parte que en lo referente a las autonomías departamentales “subsisten serias divergencias, particularmente en la expectativa de consolidar una autonomía plena, pese a los avances del debate”, aunque no especificó cuáles.

En lo que hace a la mesa del IDH, dijo que “igualmente hay contradicciones evidentes, hubo acuerdo en que hay necesidad de financiar y apoyar la renta dignidad, pero divergencias en cuanto a qué hacer con los recursos restantes y las fuentes de financiamiento”.

Sin embargo, mencionó que la mayor preocupación de los prefectos opositores está centrada en “convencer al gobierno de abrir una discusión verdadera y profunda sobre el proyecto de nueva Constitución; nunca propusimos hacer una nueva desde cero, sino un conjunto de temas que era necesario discutir, IDH y autonomías son importantes, pero más importante es el futuro de la patria”.

Llamó al gobierno a que si se va a realizar un proceso electoral, especialmente el referendo sobre el proyecto de Constitución, éste se haga asentado en un padrón electoral, un registro civil y un proceso de credencialización transparentes, por lo que planteó que se haga una auditoría integral de esos tres componentes del sistema electoral.