La participación de la ciudadanía en la lucha contra el crimen
Por fin, representantes de los tres principales partidos políticos del país se han unido más allá de sus intereses sectarios para dar un ejemplo cívico.
El pasado viernes 3 de octubre leí, en la columna Jaque Mate que publica Sergio Sarmiento en el diario Reforma, algo que me asombró:
La PGR –representante al fin y al cabo del Poder Ejecutivo, en manos del PAN– arrestó hace unos días a un radiólogo del hospital de Xoco, porque el secuestrador Ángel Cisneros, a cuya custodia estaban asignados tres agentes de la AFI, se fugó mientras el técnico procesaba las placas de las radiografías que acababa de tomarle.
En el mismo artículo, titulado “Contra inocentes”, Sarmiento nos dice que la semana pasada los diputados del PRI presentaron una iniciativa que castigaría a aquellos ciudadanos que les alquilen a criminales casas que se utilicen en delitos como el secuestro y el narcomenudeo. Por otra parte, subraya que el jefe de Gobierno de la ciudad de México, Marcelo Ebrard, del PRD, ha manifestado su acuerdo con esta posición: afirmó que quienes alquilen viviendas a criminales son corresponsables de los delitos que éstos cometan, y agregó –nos dice el periodista– “que se fijen a quién se lo rentan”.
En pocas palabras, como las autoridades mismas son incapaces de impedir una fuga o de identificar a los delincuentes, será ahora tarea de los ciudadanos hacerlo... bajo amenaza.
¿Y cómo puede un ciudadano enterarse de que su inquilino en potencia es un narco o un secuestrador? ¿Por la facha? Muchos criminales no tienen la facha de serlo, y muchos ciudadanos inocentes pueden tenerla. Por ejemplo, hay muchos políticos que la tienen y no lo son. Otros que no la tienen y lo son, y una tercera clase: los políticos que sí tienen la facha de criminales, y que sí lo son.
¿Cómo, entonces?
¿No sería otra posibilidad de identificarlos la de pedir a cada inquilino en potencia que lleve colgado al cuello un letrero que diga “No soy criminal”, o bien “Soy narco”, o “Soy secuestrador”. ¿O no convendría que el gobierno federal exigiera a todos los ciudadanos una credencial que dijera algo así como “el dueño de esta credencial no es un criminal”, y cancelarla cuando comience a serlo o darle otra credencial donde diga, con letras rojas, “el dueño de esta credencial es un delincuente”?
Cómo, señores, díganme.
Ah, pues –nos dirán– siempre es posible exigirle al inquilino en potencia un certificado de la policía en el que se asiente que no tiene antecedentes penales. Pero: 1) Los certificados son falsificables, además de que la gran mayoría de los mexicanos nunca han visto uno solo en su vida: no podría reconocer su autenticidad. 2) Hay miles y miles de delincuentes que no tienen antecedentes penales por la simple razón de que nunca los han pescado. 3) Existen otros miles y miles de inquilinos potenciales que tampoco tienen antecedentes penales porque nunca han comenzado a delinquir, y que bien podrían estrenar sus actividades criminales en la casa que acaban de alquilar. Y 4), y lo más grave de todo: pedir un certificado a todo posible inquilino, sería tanto como humillar a millones de ciudadanos inocentes al tratarlos como presuntos criminales.
¿Y qué tal si la propiedad la renta el inquilino por medio de una tercera persona? ¿Y qué si se renta por medio de una agencia? ¿Se va a consignar a la agencia entera, o sólo al empleado que alquiló la propiedad para ganarse una miserable comisión?
Las intenciones tanto de los diputados del PRI como de Ebrard, ambas coincidentes en esta aberración, se refieren a los propietarios que alquilen un inmueble a criminales, no de inquilinos que renten una propiedad de los criminales. Pero seguramente esto no escapará al lúcido entendimiento de unos y otro: deberá también considerarse como corresponsable de los crímenes de un narco y/o secuestrador, a todo aquel que rente un inmueble que pertenezca a uno de éstos. La situación es clara como el agua: los que así lo hagan están financiando las actividades del crimen organizado y son cómplices en el lavado de dinero. De aquí que todo ciudadano que se respete –y respete no sólo a la ley, sino el abstruso y repelente criterio de los diputados priístas y del gobernante perredista– tendrá desde ahora que exigirle a su arrendatario potencial un certificado de la policía. Será un intercambio de certificados, y todos tan contentos.
Dudo, sin embargo, que la sagacidad de nuestras autoridades vaya, un día, más lejos y determinen la corresponsabilidad y complicidad criminales de los directores de los bancos donde tienen sus depósitos los criminales. Los banqueros pueden dormir tranquilos.
Vamos, pues, a jugar a los policías y los ladrones. Los ciudadanos seremos los policías... pero, ¿y los ladrones quiénes son? Nuestra tarea será la de adivinar, al buen tuntún, su identidad con el riesgo de que, si no adivinamos, nos convertiremos en criminales. Y no hay que olvidarse: de aquí en adelante, todo aquel que deje que a un policía se le escape un asaltante, sin auxiliarlo, será arrestado. Aunque sea para sacarle una lana y ser vejado por un ratito.
Me cuesta un inmenso esfuerzo pensar que la iniciativa de los diputados del PRI pueda tener fortuna. Pero de un Congreso que aprobó en unos cuantos minutos la ley Televisa. De un Congreso que echó en el cajón del olvido los salarios e indemnizaciones que un grupo de braceros, hoy pobres y ancianos, reclama desde hace décadas. De un Congreso que congeló la iniciativa para denunciar las enormes comisiones que cobran los bancos, incluidos en éstos los bancos extranjeros aquí establecidos en cuyos respectivos países de origen las comisiones son mucho más bajas. De un Congreso que desaforó a un gobernante de la ciudad de México –Andrés Manuel López Obrador– por un presunto delito cuya desproporcionalidad con el mismo hecho del desafuero era monstruosa, y que fue incapaz de desaforar o hacerles un juicio político a gobernadores de la calaña de un Ulises Ruiz o de un Mario Marín... De un Congreso así, señores, podemos esperar todo. O, como de costumbre, nada.
En mi opinión, el gran periodista Miguel Ángel Granados Chapa merece, y con creces, la Medalla Belisario Domínguez, al igual que otros ciudadanos distinguidos se la han ganado con su valentía, sus acciones o su obra científica, periodística, artística o literaria. Lo que no merece la memoria de Belisario Domínguez es que con esta presea se adornen aquellos que dicen ser nuestros representantes, pero que sólo se representan a sí mismos y a sus intereses partidarios. Esta medalla debería ser otorgada por una institución alejada de la corrupción y del sectarismo. Si es que tal cosa existe, o pueda existir, en México.