■ ¿Por qué Calderón y Sabines mandaron matarnos si estábamos negociando?, preguntan en Chincultik

Seis muertos en el desalojo policiaco de zona arqueológica de Chiapas

■ Ejidatarios de Miguel Hidalgo exigen justicia; “o la tomaremos por nuestras manos”

■ Tres indígenas fueron rematados en el vehículo que los transportaba al hospital; el chofer también fue ultimado

Elio Henríquez (Corresponsal)

Ejido Miguel Hidalgo, La Trinitaria, Chis., 4 de octubre. En el desalojo de ayer en esta localidad hubo seis muertos, 10 heridos de bala y un número indeterminado de detenidos, además de que todos los finados son campesinos, no policías, como se informó inicialmente, porque los pobladores no traían armas ni dispararon contra los uniformados, confirmó hoy José Vázquez López, uno de los representantes de este ejido.

Denunció que los agentes –estatales y federales– “remataron” a tres heridos de gravedad y asesinaron al chofer que los trasladaba a un hospital de Comitán, este último delante de su esposa.

Los pobladores tienen en su poder 77 armas largas y cortas, además de escudos y otras pertenencias que les quitaron a los policías que vinieron a desalojarlos de la zona arqueológica de Chincultik, situada a tres kilómetros de aquí, la cual está en su poder desde hace casi un mes. Afirmaron que “ahora más que nunca” pelearán porque la zona arqueológica sea administrada por el ejido. “Ya está más que pagada con seis vidas”.

En las calles, donde se observan rastros de sangre, decenas de casquillos percutidos y varios vehículos de la policía dañados, priva un ambiente de temor, tristeza y rabia. “Preguntamos al presidente Felipe Calderón y al gobernador Juan Sabines: ¿por qué nos mandaron matar si un día antes habíamos tenido un diálogo con las autoridades para resolver el problema?”, reprocharon los habitantes y exigieron que se haga justicia por el asesinato de los seis hombres, “o la tomaremos por nuestras manos”.

El pasado 7 de septiembre, los habitantes de Miguel Hidalgo, donde viven cerca de 7 mil personas, acordaron en asamblea apoderarse de la zona arqueológica de Chincultik, que está en medio de sus terrenos, con el argumento de que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) “la tiene muy abandonada”.

Desde entonces, “cobramos 20 pesos por la entrada, no los 35 que cobraba el INAH”, afirmó un lugareño, quien manifestó que entre semana obtienen ingresos de entre 300 y 400 pesos diarios, y los sábados y domingos entre mil y mil 500.

Las negociaciones con las autoridades comenzaron poco después. La más reciente reunión con funcionarios estatales se efectuó este jueves, y habían acordado seguir platicando, pues les ofrecieron apoyos por más de 600 mil pesos para cosechar jitomates, aguacates y duraznos, propuesta que en principio fue rechazada por los ejidatarios.

“Nunca pensamos que el gobierno vendría a atacarnos como si fuéramos delincuentes, porque estábamos en diálogo, pero ahora vemos que fue una trampa para que nos confiáramos”, aseguró Vázquez López.

Señaló que el jueves ellos llevaron a los funcionarios a Chincultik para que vieran el mal estado en que está la zona, de lo cual dieron fe.

El campesino explicó que este viernes por la mañana agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP) llegaron a las ruinas para desalojar a los 25 que estaban en el lugar. “No sólo detuvieron a algunos de ellos, sino a quienes caminaban por la carretera”, dijo José Vázquez, quien participaba en la mesa de negociaciones.

Previamente habían desalojado a los campesinos de otras comunidades que tenían el control de los lagos de Montebello, ubicados a 10 kilómetros de aquí.

Sostuvo que como a las 11 y media de la mañana los policías ingresaron al poblado en camionetas de la PFP, cuyos ocupantes lanzaron gases lacrimógenos, incluso en escuelas, lo que ha provocado “daños mentales a los niños”.

Luego llegaron más agentes de la Policía Estatal Preventiva –varios en caballos– “para sitiar” el poblado. Los campesinos, quienes se defendieron con machetes y palos, calculan que eran entre 250 y 300 los uniformados que realizaron la operación.

“La gente salió a defenderse como pudo, porque los niños se estaban ahogando por el gas, y fue cuando agarramos a 77 policías, los encerramos en la casa ejidal y se les desarmó. Las armas están resguardadas, igual que al menos ocho vehículos, entre ellos un remolque para transportar caballos”, relató.

Asimismo, señaló que a las 15 horas, a pesar de lo que había ocurrido, los agentes y los pobladores “estaban calmados”, pero entre las 5 y 6 de la tarde, cuando los uniformados fueron trasladados al salón de actos, “llegaron más policías a rescatarlos disparando con armas de fuego, persiguiendo a la gente hasta en sus casas, y para liberar a sus compañeros balearon la puerta y rompieron el candado.

“No fue enfrentamiento, no hay ni un arma en el ejido. Los policías que resultaron heridos fue por golpes que les propinaron los pobladores, no por bala; tal vez la gente los agredió porque habían matado personas, pero en ningún momento hubo balas de parte nuestra”, afirmó.

Indicó que la balacera duró unos 40 minutos, lapso en que los uniformados “corretearon” a la gente que buscaba dónde esconderse. Adrián Velasco Alfaro, de 71 años, mostró el oído aún con sangre y el estómago vendado. Algunos vecinos lesionados se recuperan en sus domicilios. José Vázquez comentó que en la confusión, los policías fueron rescatados.

Poco después, Agustín Alfaro Calvo, el único de los seis muertos que no es originario de Miguel Hidalgo, sino de la vecina Ojo de Agua, El Ocotal, accedió a llevar al hospital en su vehículo –no había ambulancias– a Rigoberto López Vázquez, Alfredo Hernández Ramírez y Miguel Antonio Martínez, heridos de gravedad.

“Los policías los bajaron y remataron a los heridos y asesinaron al chofer delante de su esposa; a ella le quitaron una cadena y los aretes y a él la cartera. Y no conformes, le sacaron el ojo con navaja a Rigoberto, quien fue torturado”, expresó.

Tres lugareños guiaban a los agentes por el pueblo

Afirmó que los policías eran guiados por tres campesinos originarios de este ejido y que trabajan en la zona arqueológica, quienes con pasamontañas fueron a mostrar la casa del presidente del comisariado ejidal, Mario Morales García, la cual “fue baleada”.

Los cuerpos de Rigoberto, Alfredo y Miguel Antonio –precisó– fueron traídos antes del mediodía para ser velados, mientras que el de Agustín fue llevado a Ojo de Agua, El Ocotal. Hasta las 13 horas los cadáveres de Ignacio y Ricardo permanecían en Amparo Agua Tinta.

Los ejidatarios, a la espera de nuevos contactos con el gobierno para entregar las armas, exigieron que los deudos sean indemnizados y los detenidos librados.

En Tuxtla Gutiérrez, el ministro de Justicia, Amador Rodríguez Lozano, giró orden de presentación a todos los elementos policiacos que participaron en el operativo para realizarles las pruebas de radisonato de sodio, toxicológica y balística, así como certificación médica y desahogo de testimoniales.

Con información de Ángeles Mariscal, corresponsal