■ Implicará retroceso fuerte para el derecho de las mujeres, dicen
Feministas promueven rechazo a la ley antiaborto en Guanajuato
Guanajuato, Gto., 3 de octubre. Representantes de organizaciones de feministas de Guanajuato solicitaron el respaldo de Amnistía Internacional y otras agrupaciones no gubernamentales, nacionales y extranjeras, para rechazar la iniciativa de ley antiaborto que impulsa el PAN en el Congreso local.
La reforma al artículo primero de la Constitución local estipula que “persona es todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural y el Estado le garantizará el pleno goce y ejercicio de todos sus derechos”.
Si se aprueba esa definición, previó Verónica Cruz Sánchez, directora del centro Las Libres, los legisladores también reformarían el Código Penal para penalizar el aborto, inclusive en caso de violación.
La fracción del PAN tiene 23 diputados y se requieren tres más para aprobar la reforma. El panista Javier Chico Goerne adelantó que negociarán con la oposición aprobar la iniciativa a cambio de otras prerrogativas.
El próximo lunes las feministas se entrevistarán con cada legislador de oposición para saber cuál es su postura. “Sabemos que esto ya está negociado, queremos saber quiénes serán los tres diputados que darán su voto”, dijo Cruz Sánchez.
“No dan argumentos jurídicos, quieren imponer su ideología, su moral para plasmarla en la Constitución” sin debatir el tema con la sociedad, con las mujeres. “Esto es un retroceso fuerte para el derecho de las mujeres” coincidieron Cruz Sánchez y Raquel Cepeda García Moreno, representante de la Red de Mujeres Feministas.
Esta última informó que promoverán que las agrupaciones nacionales e internacionales envíen cartas a los 36 diputados estatales para que no aprueben la ley antiaborto.
Advirtió que se opondrán a la iniciativa mediante movilizaciones y, en caso de aprobarse, interpondrán un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“La reforma implicará una penalización absoluta del aborto, una explícita negativa del Congreso a cumplir con la armonización jurídica a la que México se comprometió en derechos humanos” concluyeron.