Quince años de la CDHDF
Con la presencia de titulares e integrantes de organizaciones sociales y civiles, diputados y senadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y el Congreso de la Unión, de organismos públicos de derechos humanos en otras entidades del país, servidores públicos locales y federales, y miembros del cuerpo diplomático y de organizaciones internacionales acreditadas en México, el pasado miércoles se celebró el 15 Aniversario de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). Asistieron también el jefe de Gobierno y los presidentes de la ALDF y del Tribunal Superior de Justicia, secretarios y procuradores, y jefes delegacionales de la capital. Un lugar especial se reservó a las y los consejeros y ex consejeros de la comisión, entre quienes se encontraba la gobernadora de Zacatecas.
Gran impacto causó entre todos los concurrentes el testimonio detallado que a nombre de las víctimas del caso News Divine dio Catherine Sánchez Olvera, de 18 años, sobre la brutalidad, el sarcasmo y el abandono con los que fue maltratada y golpeada el pasado 20 de junio, antes, durante y después del operativo policiaco que motivó la recomendación 11/2008 de la CDHDF, el cual sumió a su mamá en un abismo de dolor y angustia, y a ella y a su hermano los pusieron al borde de la muerte. Lo que ocasionó que en la misma celebración el jefe de Gobierno se volviera a comprometer a perseverar para que en la ciudad se tengan una policía, servidores y ministerios públicos que nunca se atrevan a atropellar los derechos de nadie.
Durante estos 15 años la CDHDF ha atendido a más de un millón de personas en el programa de defensa y protección de los derechos humanos, emitido 180 recomendaciones, beneficiado a cerca de 2 millones de personas con sus acciones de promoción y capacitación, y editado más de 600 obras especializadas con un tiraje de poco más de 5 millones de ejemplares. En su discurso, el presidente de la CDHDF inscribió a la comisión en la tradición de lucha libertaria de los habitantes de la ciudad, a partir de los históricos movimientos sociales de los años 60, con especial mención del movimiento estudiantil de 1968, y la consideró como producto del proceso inconcluso de reforma política que ha experimentado la capital en los últimos años.
“Se tiene que resarcir –dijo con razón– el déficit en el ejercicio de los derechos políticos y ciudadanos de los habitantes de la ciudad de México”. Y destacó los cambios institucionales que la han puesto en el camino de llegar a ser una auténtica defensoría del pueblo, que responda a las necesidades de la población y tenga como eje una visión integral de los derechos humanos, que ponga en el centro a las víctimas. Para ello, añadió, se ha consolidado un modelo de gestión pública y democrática, en el que la autonomía, la profesionalización, la ciudadanización, la incorporación de los estándares internacionales, la integralidad de los derechos humanos, la transparencia y la rendición de cuentas son parte intrínseca de cada una de sus actividades.
Como era de esperarse, en su discurso el ombudsman capitalino se refirió al contexto de violencia que enfrenta el país, el cual revela las grandes limitaciones que tiene la política pública en materia de seguridad, y refleja la ausencia de una visión integral que contemple la prevención, la procuración y la administración de la justicia. Y puso en guardia ante la ineficacia y lo contraproducente de voces y propuestas autoritarias. “De hecho –afirmó–, parte de los problemas que hoy tenemos en esta materia obedece precisamente a que se optó por la ruta de endurecimiento de las penas, el abuso del derecho penal y el uso indebido de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública. Necesitamos en cambio –dijo– un sistema eficaz, que destierre la impunidad, y en el que la justicia sea la norma, así como modelos de seguridad ciudadana y corresponsable, en la que el desarrollo de controles desde la gente sobre las corporaciones policiacas sea un elemento clave.” En este contexto subrayó que la problemática de la seguridad pública no se puede abordar simplemente desde la justicia “legal”. “Es imprescindible –dijo también con razón– fijar en el debate público el problema estructural de la justicia social”, pues parte de los problemas de violencia que experimentamos en el país, se explican “en los escandalosos niveles de concentración de la riqueza y vigorosos niveles de pobreza”. Por lo que se tienen que generar “las condiciones para el debido ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, sobre todo ante el desafiante contexto internacional”. Con lo cual coincidió plenamente el jefe de Gobierno de la ciudad, quien afirmó que los incrementos presupuestales que se están planteando, son para reforzar el equipamiento policial de las instituciones federales. Pero habría que preguntarse si no se debiera hacer el mismo esfuerzo para defender los derechos y las libertades de los ciudadanos y reducir lo que nos separa y siembra violencia, “que son muchas formas de exclusión y desigualdad”. En congruencia con ello, él se comprometió en cambio a “dar la batalla” en el Congreso y la Asamblea, por un proyecto de presupuesto con una perspectiva transversal de derechos humanos, para que el Programa de Derechos Humanos que se está elaborando cuente con los recursos y el respaldo institucional que necesita.