■ El gobierno federal no las ha entregado en su totalidad, señala José Ángel Ávila
El GDF, sin instalaciones suficientes ante la entrada de ley de justicia para jóvenes
■ Quieren desalojar a menores infractoras de inmueble en Coyoacán
■ La SSP pretende quedárselo
La entrega de instalaciones al gobierno capitalino, con motivo de la entrada en vigor de la nueva Ley de Justicia para Adolescentes, lo cual ocurrirá el próximo lunes, aún no se ha definido en su totalidad pues las autoridades federales pretenden “quedarse” con el Centro de Diagnóstico y Tratamiento para Mujeres, ubicado en la delegación Coyoacán.
Al dar a conocer un acuerdo que firmaron, entre otros, las secretarías locales de Salud, Educación, Desarrollo Social y Cultura, además del Instituto de la Juventud, el cual busca “fortalecer” el nuevo sistema de justicia para menores, el secretario de Gobierno, José Ángel Ávila, reconoció que la Secretaría de Seguridad Pública federal pretende trasladar a las internas a las instalaciones de la Comunidad Terapéutica, ubicadas en Periférico Sur, la cual hasta hace algunos meses funcionaba como un programa piloto de atender a los adolescentes en conflicto con la ley.
“Nos comunicaron de la Secretaría de Seguridad Pública federal que están trasladando a las niñas a otro centro, ubicado en Periférico Sur, para que en el momento en que se produzca la transferencia ellas se encuentren en ese lugar y no en el que ha venido desplegándose esa atención (sic) desde hace muchos años.
“Concretamente desde 1928. Esa casa fue construida ex profeso para atención de las mujeres en conflicto con la ley, es una instalación, si bien vieja, pero perfectamente pensada con los espacios necesarios para la atención de estas jovencitas”.
Al respecto también se pronunció Raquel Olvera, quien es directora ejecutiva para Tratamiento de Menores de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario: “Esto se tiene que definir antes de la entrega en vigor de la nueva ley. Nosotros estamos haciendo un llamado al gobierno federal, a la función pública a que reconsidere cualquier posición de querer trasladar a las niñas, a las jóvenes”.
Traslado, pero sin afectarlas
Ávila Pérez informó que el miércoles anterior se envió un oficio a las autoridades federales, en el cual se solicita que en caso de proceder el traslado de las menores, se les lleve a un lugar que cuente con las condiciones apropiadas para su estancia: “no podemos permitir que el cambio, esta transferencia a la responsabilidad del Gobierno del Distrito Federal, signifique un menoscabo a la calidad de atención que estaban teniendo las jóvenes en conflicto con la ley”.
Por su parte, el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó, primero, la integración de la comisión especial para dar seguimiento al cumplimiento de la Ley de Justicia para Adolescentes en esta ciudad, y después respaldó las 12 propuestas presentadas por el jefe de Gobierno de la capital, Marcelo Ebrard, de magistrados del Tribunal Superior de Justicia.
Los magistrados aprobados son: Bárbara A. Aguilar, Eva V. Gyves, Manuel Díaz Infante, Martha L. Elizondo, Arturo García, Aurora Gómez, Francisco José Huber Olea, Ángel H. Montiel, Eugenio Ramírez, Miguel Ángel Ramos, Cruz L. Romero y Ramón Sentíes, de los cuales seis se integrarán a sala de justicia para adolescentes y el resto cubrirá las vacantes generadas por jubilaciones distintas en materia penal y civil.
La fracción de Acción Nacional se abstuvo en el caso de Eugenio Ramírez: “no tenemos pruebas para acusarlo, pero dicen que dejó libre a un integrante de la banda de El Mochaorejas, por lo que sería irresponsable apoyarlo”, explicó el panista Agustín Castilla.