Transgénicos, a la de a fuerzas
El embate contra la agricultura campesina e indígena en México arrecia. Hay datos para pensar que ese ataque comienza en el norte del país. Ahí convergen varios factores que tornan más vulnerable la agricultura de las comunidades campesinas: acá, los agricultores si mucho llegan a representar 15 por ciento de la población económicamente activa (PEA); la mayor producción y el mayor valor se genera en los distritos de riego, altamente tecnificados y en proceso de concentración en grandes empresarios agrícolas; hay un racismo subyacente que considera a indígenas y campesinos como lo atrasado, los acarreados, etcétera. La proximidad geográfica e ideológica con los agricultores estadunidenses genera una admiración acrítica por todos los desarrollos tecnológicos de allá y un ansia por adoptarlos, independientemente de nuestras circunstancias. Finalmente, las comunidades norteñas tienen menos agarraderas culturales y comunitarias que les ayuden a defender sus tradiciones, sus formas de organizarse, de producir, de celebrar.
La siembra clandestina de maíz transgénico en el oeste de Chihuahua es un ejemplo de esa estrategia en contra de los campesinos y todo lo que sea agricultura nacional. La tolerancia o la complicidad abierta del gobierno federal con los importadores de la gramínea genéticamente modificada revela una estrategia tácita de permitir que el país se inunde de ella para luego legalizar los hechos consumados, como se ha pretendido hacer con los contratos de riesgo de Pemex.
Desde diciembre de 2007 se detectó siembra de maíz transgénico en el municipio de Namiquipa. Los productores de El Barzón y el Frente Democrático Campesino llamaron a Greenpeace, que realizó una primera investigación y localizó cuando menos una parcela sembrada con semillas genéticamente modificadas, traídas ilegalmente por un productor de Estados Unidos. Desde entonces se puso en alerta a la Sagarpa y se difundió el hecho. Las autoridades no movieron un dedo.
Previamente, en agosto de 2007, la organización Agrodinámica Nacional había anunciado que, de no autorizarse la siembra de maíz transgénico en Chihuahua, sus productores lo importarían y lo plantarían a la de a fuerzas. Tampoco hicieron nada las autoridades agropecuarias.
A lo largo de 2008, tanto El Barzón como el Frente Democrático Campesino, Greenpeace y la representación del PRD en el Congreso local han advertido que hay organizaciones y segmentos importantes de productores que presionan para lograr la autorización de siembra de maíz transgénico, con el pretexto de que sólo así se abaratan los costos de producción para poder competir con el grano importado de Estados Unidos. Sagarpa y Senasica (Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria) han respondido en todo tiempo con el silencio y la inacción.
En agosto pasado, las denuncias sobre la siembra del maíz transgénico en la zona de riego de los productores menonitas se hicieron más frecuentes. Las organizaciones antes citadas se dieron a la tarea de recoger muestras de diversos lotes en los municipios de Cuauhtémoc y Namiquipa. Los resultados han dado positivo cuando menos en uno de ellos. Sin embargo, antes de que el dato fuera revelado a la opinión pública por las organizaciones, Senasica dio el madruguete para curarse en salud. Hace dos semanas manifestó que encontró 70 hectáreas sembradas con maíz transgénico en el municipio de Cuauhtémoc y que procedería a ejercer la acción penal contemplada en la ley.
La reacción tardía e hipócrita de Senasica ha indignado a las organizaciones ambientalistas, campesinas y de derechos humanos de Chihuahua y del país entero. Los productores de la región han aportado muchos más datos: señalan que las compañías importadoras y vendedoras de semillas para siembra rempaquetaron cuando menos 3 mil sacos de maíz para incluir granos genéticamente modificados. Esto haría que cuando menos sean 3 mil hectáreas las contaminadas, pero como las distribuidoras de semillas vendieron 40 mil sacos, se sospecha que la extensión contaminada de transgénicos puede ser mucho mayor: hasta 25 mil hectáreas, es decir, la décima parte de la superficie sembrada con maíz en esta región de Chihuahua.
Ante esto, Greenpeace, El Barzón, el Frente Democrático Campesino y la representación del PRD en el Congreso han presentado ya una denuncia de hechos ante la delegación de la PGR en el estado. Piden que se aplique con todo rigor la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados y se proceda contra quien resulte responsable de la promoción y venta de semillas transgénicas, pero que no se culpe a los productores, muchos de los cuales compraron gato por liebre, es decir, semillas transgénicas por híbridas. También han organizado diversos actos de denuncia, protestas, reuniones con los productores afectados y, de no proceder el gobierno, se lanzarán a destruir plantíos infestados de transgénicos.
Esa es la única vía que deja el gobierno federal: que la ciudadanía aplique la ley que él viola para favorecer a las trasnacionales.