■ El instituto electoral se extralimitó, insiste Rafael Hernández
La multa aplicada al PRD equivale a 50% de fondos que recibirá en 2009
La multa de 57 millones de pesos que el Instituto Federal Electoral (IFE) aplicó hace unos días al PRD equivale a 50 por ciento de los recursos que el sol azteca recibirá para campañas electorales en 2009. Así que la sanción, dijo el representante perredista ante el organismo, Rafael Hernández Estrada, presenta un “efecto nocivo” ante esos comicios.
En entrevista, informó que entre hoy y mañana presentarán ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) cuatro recursos de apelación contra el IFE, dos por las sanciones aplicadas al partido (multa y amonestación) por actos que no son competencia de los consejeros, y otro tanto por declarar infundadas las quejas que el PRD presentó por la guerra sucia que orquestó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en contra del candidato presidencial de la coalición Por el Bien de Todos en 2006, así como por la intervención ilegal de algunos hombres de negocios en favor de Felipe Calderón, entonces aspirante del PAN.
Hernández Estrada consideró que los consejeros electorales hicieron “caso omiso” de las violaciones constitucionales cometidas en los dos últimos casos y permiten la impunidad. En cambio, dijo, se extralimitaron en sus funciones, al intervenir en ámbitos que no son de su competencia para sancionar al PRD.
Para actuar contra el partido, afirmó, “violaron la Constitución”, pues nos sancionaron por protestar en contra del fraude electoral, además de que “trastocaron la división de poderes al no actuar con apego al artículo 61 constitucional, en el cual se establece que los legisladores no pueden ser reconvenidos por sus opiniones (al participar en tomas de tribunas legislativas). En los hechos, el IFE los está reprendiendo”, sostuvo.
Frente a ello, remarcó, “apelaremos, por un lado, de la multa de 57 millones de pesos que se impuso al PRD por el plantón en Reforma, la toma de la tribuna legislativa el primero de septiembre de 2006 –cuando sus legisladores, junto con los del PT y Convergencia, impidieron que Vicente Fox leyera su último Informe de gobierno–, y actos que se nos impugnan el primero de diciembre de ese mismo año”, cuando trataron de impedir la toma de protesta de Calderón como Presidente de la República.
Presentarán otra apelación más por la amonestación en su contra derivada de la toma de las tribunas legislativas en rechazo a la reforma energética calderonista, y dos más porque el IFE declaró infundadas las quejas que el PRD presentó contra el CCE y por la participación ilegal de empresas que “tenían prohibido intervenir en la campaña de 2006 y apoyaron a Felipe Calderón”.
Confió en que el TEPJF les conceda la razón y revoque las sanciones económicas, porque si no lo hace “el PRD resultará afectado en su campaña electoral. Para darnos una idea, los 57 millones de pesos representan la mitad de los recursos que el partido recibirá como financiamiento público para las campañas de 2009”.
Eso, afirmó, da cuenta de la magnitud de la sanción, aunque –resaltó– hay un acuerdo establecido para que, de confirmarse, “se nos descuenten mes con mes aproximadamente 5 millones de pesos”. El PRD recibe más de 30 millones de pesos mensuales como prerrogativas ordinarias.