■ Tres magistrados colegiados mantienen congelado el caso

Echeverría ni siquiera ha sido llevado ante un juez federal de primera instancia

Alfredo Méndez

Hoy, cuando se cumplen 40 años de la matanza de estudiantes en Tlatelolco, el ex presidente Luis Echeverría Álvarez, único de los presuntos autores intelectuales de esos hechos que en 2006 fue encausado penalmente, ni siquiera ha podido ser llevado ante un juez federal de primera instancia.

El juicio se ha mantenido “congelado” por la lentitud de tres magistrados colegiados que no han resuelto un recurso de revisión que en julio de 2007 favoreció a Echeverría.

Ha pasado ya un año, dos meses y veinte días desde que el magistrado unitario Jesús Guadalupe Luna Altamirano amparó al ex presidente y determinó que lo ocurrido el 2 de octubre de 1968 fue un acto de genocidio, pero que Echeverría no tuvo responsabilidad en esa matanza.

El retraso de este juicio ha sido tal que tras un año de revisión del amparo, hoy los magistrados del quinto tribunal colegiado no cuentan ni siquiera con un proyecto de resolución de un asunto que, en teoría, no implica demasiados tecnicismos jurídicos, como sí sucede en litigios fiscales, aduanales o mercantiles.

Desde que se dictó el auto de formal prisión en contra del ex titular del Ejecutivo federal, en lo que fue el inicio del primer juicio por genocidio en México (noviembre del 2006), el inculpado ni siquiera ha podido ser fichado ni se le ha realizado un estudio sobre su personalidad debido a que sus abogados, Juan Velásquez y Heraclio Bonilla, han logrado demostrar que la salud de su defendido es delicada.

El juicio contra Echeverría ha sido el único logro de la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), que dirigió Ignacio Carrillo Prieto, aunque –paradójicamente– se trata de un caso en el cual el ex fiscal nunca pudo llevar a prisión a su acusado.

En tanto no se resuelva en definitiva el juicio de amparo con el que los abogados de Echeverría impugnan el auto de formal prisión, el juez 15 de procesos penales federales con sede en el Reclusorio Sur, Ranulfo Castillo Mendoza, no puede continuar con el desahogo del caso, cuya finalidad es determinar si, efectivamente, el inculpado es responsable de la matanza de estudiantes el 2 de octubre de 1968 y si esos hechos fueron un acto genocida.

El expediente de este caso que armó la Femospp durante cuatro años de trabajo lo integran 58 mil 725 fojas en cuatro tomos y está formado, en 90 por ciento, por informes documentales, periodísticos y videográficos relativos al contexto social, político y económico que vivió México hace 40 años, y que tuvo como resultado la matanza en Tlatelolco, cuyo saldo oficial fue de 38 muertos.