■ Vega Casillas cree necesario fortalecer penas a quienes defrauden la confianza ciudadana
Corrupción y cohecho inhiben el desarrollo, dicen funcionarios en conferencia regional
■ Representante de OCDE pide que países trabajen unidos contra la delincuencia organizada
La corrupción y el cohecho han invadido las esferas sociales, políticas y económicas de todas las naciones, y son “inhibidores fuertes de la competitividad, ya que generan condiciones de inequidad y ponen en riesgo la sostenibilidad del desarrollo”, aseguró ayer Salvador Vega Casillas, titular de la Secretaría de la Función Pública, al concluir el último día de trabajos de la Conferencia Regional Latinoamericana: Compromiso y Cooperación en la Lucha contra la Corrupción y el Cohecho, que reunió en la ciudad de México a fiscales y funcionarios públicos de 28 países.
En su discurso, el secretario expuso que “el cohecho hoy no distingue fronteras, por lo que nuestra acción debe encontrar los canales más efectivos de interacción; pero también creemos en la necesidad de fortalecer las sanciones para quienes defrauden la confianza ciudadana, porque la sanción ejemplar es un inhibidor efectivo de la corrupción”.
De su lado, Patrick Moullete, jefe de la División Anticorrupción de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), indicó que para combatir la corrupción y el cohecho es preciso que todos los países se unan para erradicar “el financiamiento del terrorismo, lavado de dinero y del crimen organizado”, pues forman parte de los delitos interrelacionados con las redes de bandas de delincuencia organizada que operan a escala mundial sin límites territoriales.
El especialista en temas de corrupción añadió que “el soborno es un delito en todos los países y hay que establecer el marco jurídico y también hay que participar en campañas de concientización y comunicar lo grave que es participar por compañías o funcionarios públicos en actos de corrupción”.
Reconoció que ha habido avances en la lucha global contra la corrupción y el cohecho, lo que ha tenido un impacto en Latinoamérica, pero “no hay tiempo para simplemente dormirnos en nuestros laureles, siempre tenemos qué estar vigilantes.
“Y ahora nos preguntamos de vez en cuando los académicos o los medios: ‘¿cómo calificas a los países, cuáles son los mejores países?’ Yo no puedo responder esa pregunta, porque yo no conozco un país que tenga una implementación perfecta, siempre hay desafíos y siempre hay cosas que debemos mejorar, por eso es importante seguir monitoreando, tener un sistema de monitoreo permanente”, puntualizó.
De su lado, Agustín García-López, embajador de México ante la OCDE, indicó que la relevancia de la Convención Anticohecho radica en el reconocimiento de los problemas que genera la corrupción: obstaculiza la eficiencia económica, obstruye el crecimiento económico de los países y la libre competencia.
Dijo que esta convención invita a los países a revisar sus marcos jurídicos y establece las bases para una revisión del régimen fiscal de cada nación, con el objeto de evitar que se favorezca, de manera indirecta, al cohecho.
Expuso que el consejo de la OCDE identifica y articula las prioridades de los países miembros, y es el responsable de haber fortalecido a un grupo de trabajo sobre el cohecho a los funcionarios públicos.