Usted está aquí: martes 30 de septiembre de 2008 Política Las campañas políticas no pueden definirse a navajazo limpio: Arturo Núñez

■ Se corre el peligro de que la libertad se confunda con injuria, advierte Alfredo Figueroa

Las campañas políticas no pueden definirse a navajazo limpio: Arturo Núñez

Alonso Urrutia

La libertad de expresión en materia electoral no puede ser ilimitada, tiene fronteras que la autoridad electoral está obligada a hacer respetar; sin embargo, existen indefiniciones en el límite que separa una crítica incisiva y la denigración, sostuvo la magistrado presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), María del Carmen Alanís. Sostuvo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la instancia que ella encabeza han establecido jurisprudencia que el derecho de libre expresión no es absoluto o ilimitado, pues hay otros elementos que lo acotan.

En el contexto de la inauguración del coloquio Libertad, denigración, calumnia y libertad de expresión, especialistas hablaron sobre los alcances de la libertad de expresión y los riesgos que existen en torno a un tema no suficientemente definido. El senador perredista Arturo Núñez aseveró que la nueva legislación electoral en la materia hace acotaciones porque no se puede permitir que las campañas se definan a “navajazo limpio”, cuando se sabe que existen elementos, como la compra de voto o los espots, que tienden a manipular el voto, que no siempre es un sufragio informado.

Núñez dijo que se debe partir del hecho de que en México, 50 por ciento de la población se encuentra dentro de los márgenes de la pobreza, lo que supone un contexto en el cual se puede manipular el voto mediante la entrega de despensas u otras prebendas. Por ello es difícil pensar que las campañas negativas sólo refuerzan el voto informado del ciudadano.

Para el consejero electoral Alfredo Figueroa, la libertad de expresión no puede ser sinónimo de injuria, calumnia o denigración, deben existir algunas medidas taxativas para que se conjugue con otros valores como la equidad. “Las ideas son objeto de críticas y hasta de vituperio, pero las personas no”, de ahí la necesidad de encontrar un marco para una contiende civilizada y democrática.

El consejero destacó en primera instancia que las reformas legales son positivas para la democracia en el país, pero existen elementos que aún generan algunos dilemas. “Lamentablemente aún faltan reglas que darnos”, entre los cuales se encuentra precisamente la regulación en materia de libertad de expresión, lo que ya prefigura la problemática de la democracia en los años por venir.

Durante el discurso inaugural, Alanís mencionó que la reforma electoral aprobada sobrevino tras los polémicos comicios de 2006. Sin embargo, dijo, en el TEPJF se ampliaron recientemente los criterios ya establecidos por la SCJN sobre los límites de la libertad de expresión, estableciéndose jurisprudencia al respecto.

“Hay que reconocerlo, los diseños institucionales basados en el supuesto de que en las campañas políticas los contendientes confrontan sus propuestas de políticas públicas y con ello aportan información relevante para que los electores determinen el sentido de su voto, resultan hoy insuficientes a la luz de una realidad en que la confrontación política se ha reorientado hacia la denostación del adversario”.

A su vez, José Buendía, de la organización Prende reconoció la importancia de la reforma electoral que dota a la autoridad electoral de elementos para decidir sobre los dichos que pudieran afectar a terceros, pero alertó que si bien se le dotaron de mayores responsabilidades, también es claro que es un contexto incompleto que no le ha dado todos los elementos para desarrollar el trabajo, lo que supone un enorme reto para la autoridad

Por su parte, el senador panista, Ricardo García Cervantes justificó los alcances de la reforma electoral, reivindicando que la misma no limita la libertad de expresión, sino que establece algunas restricciones a la contratación de espots para garantizar la equidad. Es por ello, dijo, que se ha limitado la adquisición de publicidad a terceros para impedir que por medio de éstos, amparados en organizaciones o en sindicatos, se pudiera incidir en la contienda y romper con la necesaria equidad.

 
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