■ “No estamos ante un cierre adecuado del expediente, sino de un cierre neuronal de los consejeros”
Las multas del IFE al PRD buscan afectar su imagen en 2009, aseguran especialistas
Las sanciones que pretende aprobar hoy el Instituto Federal Electoral (IFE) durante la sesión del Consejo General representan en la práctica un exceso en las atribuciones y alcances del organismo, pues está fundado en una investigación burocrática que representa un acto “inadecuado y grave” para el desarrollo democrático del país, coincidieron en señalar especialistas en derecho electoral.
Jaime Cárdenas, ex integrante de ese instituto; John Ackerman, y el especialista Miguel Ángel Eraña coincidieron en que el proyecto de dictamen de la Comisión de Quejas contiene elementos “pésimos y negativos” para un cierre del proceso electoral de 2006, en especial porque el IFE “fue inequitativo, omiso y negligente y ahora pretende sancionar al partido perjudicado.
“No estamos ante un cierre adecuado del expediente 2006, sino ante un cierre neuronal de los consejeros. No se puede sancionar al partido agraviado cuando en el pasado el instituto fue omiso, ausente, frente a graves irregularidades. Definitivamente el proyecto de dictamen es el mundo al revés y construye terreno infértil para la expresión democrática”, expresó Eraña.
Cárdenas, ex consejero electoral del IFE e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, señaló que de aprobarse el dictamen en referencia, el cual prevé una multa de 57 millones de pesos al PRD –13.4 por ciento del total de sus ministraciones–, el organismo se lavaría la cara, pero con el PAN y el gobierno federal.
En principio, dijo en entrevista, el proyecto de dictamen va más allá de la finalildad de la norma y se limita a una interpretación gramatical de la ley.
Como se ha difundido, los tres integrantes de la Comisión de Quejas del IFE consideran que el megaplantón en Reforma obstaculizó el tránsito vehicular e impidió el último informe de gobierno de Vicente Fox
Funciones fuera de límite
Cárdenas añadió que el IFE se extralimita en sus funciones, porque en todo caso correspondería imponer las sanciones a otras autoridades, como al gobierno local e incluso al Presidente, pero no al árbitro electoral.
En el ámbito político, agregó el especialista, una sanción al PRD antes del proceso electoral de 2009 es “echarle leña al fuego”, con la única finalidad de afectarlo financieramente y la imagen de ese instituto político frente a los ciudadanos.
El dictamen, agregó, es un acto inadecuado y grave; un cierre negativo que sanciona a los perdedores y por ello representa una venganza.
John Ackerman indicó que el IFE pretende dar un “último carpetazo” al expediente 2006 en lugar de ir a fondo con los casos que incluso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación documentó en su momento como irregularidades del proceso electoral de 2006, especialmente de los miles de promocionales “huérfanos” o la actuación del ex presidente Fox. Por ello, la investigación es superficial y adolece de profesionalismo, pero sobre todo, deriva en una sanción inequitativa.
“El IFE busca una carta blanca, un perdón histórico a la impunidad con la que se condujeron instancias como el Consejo Coordinador Empresarial”.
El especialista consideró que el IFE difícilmente demostrará ante el tribunal que las manifestaciones en Reforma correspondieron a actos de un partido; fue evidente que el plantón en referencia se enmarca en expresiones legítimas de protesta, de ahí que el IFE “haría muy mal en intentar suprimir, con base en las sanciones en referencia, la libertad de expresión”.
Ese modus operandi del IFE, dijo, es un mal augurio del arranque del proceso electoral de 2009, porque con su proyecto de dictamen sólo brindan un nuevo episodio de impunidad y parcialidad.
Miguel Eraña, constitucionalista y profesor de la Universidad Iberoamericana, señaló que de confirmarse las sanciones al PRD estaremos ante un “error descomunal” de un árbitro electoral que es omiso ante irregularidades y sanciona al partido agraviado.
En especial, ese proyecto es inequitativo y desproporcionado porque a quien deberían sancionar e incluso ordenar la suspensión de sus derechos como militante del PAN es al expresidente Vicente Fox.