■ Plantean en iniciativa que pueda iniciar procesos administrativos
Facultarán a la ASF para que sancione a servidores públicos
■ Aplicaría castigos por desvío de recursos y enriquecimiento ilícito
La Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados presentará la próxima semana una iniciativa para reformar la Ley de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con el propósito de otorgarle atribuciones para iniciar procesos de sanción administrativa contra funcionarios que incurran en desvío de recursos y enriquecimiento ilícito.
Antonio Ortega Martínez, presidente de la citada comisión, expuso que se pretende otorgar a la ASF la facultad de imponer sanción administrativa a los funcionarios públicos que cometan ilícitos con los recursos autorizados por la Cámara de Diputados en los presupuestos anuales.
El campo de revisión del órgano fiscalizador abarca únicamente 7 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación votado por los legisladores para que sea ejercido por el gobierno federal, explicó en entrevista.
“Si no se aprueba la concesión de esta facultad a la Auditoría Superior de la Federación contra aquellos que cometan desfalco a los bienes públicos, la corrupción y la impunidad seguirán campeando”, advirtió.
Para el representante del Partido de la Revolución Democrática, la aprobación de esta iniciativa, que se presentará ante el pleno camaral, representará un acicate para el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, y principalmente para la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República, “que permanentemente obstaculizan la aplicación de la ley” mediante sus procedimientos legales a la hora de sancionar a quienes infringen normas administrativas.
“Si la Auditoría Superior de la Federación logra tener esta facultad, el gobierno federal y sus dependencias encargadas de aplicar la ley se verían exhibidas”, afirmó.
El titular de la Secretaría de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, reconoció recientemente la incapacidad e insuficiencia del Estado mexicano para enfrentar la corrupción, mientras a la par, Transparencia Internacional dio a conocer una lista de 170 países donde se califica el nivel de corrupción, en la cual México se ubica entre las naciones reprobadas, con una puntuación promedio de 3.5.
Ortega Martínez consideró que la impunidad y el tema de la corrupción nacional son dos de las principales tareas que deben afrontar el Estado y sus instituciones, entre ellas la Cámara de Diputados, porque “en cada revisión de la cuenta pública aparecen funcionarios que se enriquecen con recursos públicos y no son castigados. Hay casos que se han extendido años, mediante triquiñuelas jurídicas, para evitar la aplicación de la ley; los funcionarios involucrados saben que contratando despachos de prestigio logran evadir la sanción”.
Manifestó que en la comisión que preside existe consenso para dar paso a la reforma y romper el entramado jurídico, en el que incluso, denunció, los jueces protegen a quienes afectan el erario al hacer un uso ilegal del presupuesto.