Tentaciones peligrosas
Mientras el luto y el dolor se comparten en los hogares de muchos mexicanos que se conmueven con los violentos acontecimientos de la noche del 15 de septiembre en Morelia, donde también habitantes del DF, Querétaro, Tamaulipas y el estado de México fueron lesionados, otros piden la restricción de garantías individuales como parte de las acciones que los gobiernos, incluyendo el de la ciudad de México, deben instrumentar para hacer frente a la ola criminal que con el amparo de funcionarios, jueces y policías corruptos o ineficaces nos deja con desaliento y miedo.
Así es, poco se ha avanzado en las acciones contra el crimen organizado no sólo en el Distrito Federal, donde las cárceles están llenas y son insuficientes, no por la eficacia de las corporaciones encargadas de aplicar la ley y la justicia, sino por gente que es detenida por delitos menores, que podrían ser sancionados con penas administrativas. obligados a engrosar las filas de las escuelas del crimen en lo que se han convertido los centros penitenciarios.
A esto habrá que sumar el encarcelamiento de jóvenes por el simple hecho de serlo, como parte de una política pública que los criminaliza, aunque se intente negar, todo a cargo de las ideas que se compraron al señor Rudolph Giuliani, al que en la receta le faltó respetar los derechos humanos para ejecutar políticas represivas contra las poblaciones urbanas menos favorecidas.
Ahora los gritos a favor de la pena de muerte, aunque se reconozca que no es solución, son los que se escuchan en la ALDF, seguidos de quienes en los medios de comunicación piden la restricción del derecho de manifestación, de libertad de asociación o reunión, con el pretexto que vivimos en un estado de excepción sólo comparable con la lucha antiterrorista estadunidense o la que libra el Estado español con el terrorismo de ETA.
Nada tan lejano para exigir la restricción del artículo noveno de la Constitución, que señala: que no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunión pacífica con cualquier objeto lícito. Y advierte el texto que: no es ilegal, y no podrá ser disuelta, asamblea o reunión que tenga como objeto una petición o presentar una protesta por algún acto de autoridad. Derechos ciudadanos que forman parte de nuestras garantías civiles y que hoy están en riesgo con la militarización de las ciudades del país, junto con el DF, que poco a poco se acostumbra a ver los contingentes de soldados con las armas en las manos yendo de una lugar a otro, sin explicación alguna, o la criminalización de la protesta social, porque ya no basta con el repudio vociferante que se escucha con el fin de vulnerar la participación o la manifestación social, cuando los maestros u otro grupo llegan a movilizarse hasta la capital, como lo denunciaron también el pasado 15 de septiembre en Ginebra, Suiza, organizaciones civiles con motivo de la cuarta sesión del Examen Periódico Universal que se realiza a los estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.
Habrá que recordarles a los aplaudidores de la represión institucional en San Salvador Atenco, de las llamadas marchas blancas de elite y a los que en su ignorancia llaman rollos a los derechos básicos que sustentan cualquier contrato social entre gobernantes y gobernados, que sólo en situación grave e incontrolable se pueden suspender estas garantías. Y que aunque los hechos de Morelia son muy graves, el Estado en todos sus niveles aún puede y debe tener la capacidad para enfrentar esta violencia de la que nadie está exento cuando se vive en medio de la impunidad y la impudicia, con acciones dentro de la ley y no al margen como las que se ponderan y que llevaron al fracaso político a quienes las instrumentaron. Los GAL terminaron siendo enjuiciados por detenciones arbitrarias de población civil inocente y fueron la base para la primera derrota electoral del PSOE frente a la derecha.
Es necesario y urgente que se busquen alternativas legales para combatir la criminalidad cualquiera que esta sea, redefinir desde el fondo las estructuras económicas y sociales, junto con las instituciones policiacas que son las que se deben de encargar de mantener el orden y la paz pública, rechazando los caminos propios de las dictaduras que en nada contribuyen al clima de intranquilidad que vivimos.