■ Al menos 13 mil 634 personas han muerto por “la violencia sociopolítica”, afirma informe
Denuncian ONG el agravamiento de derechos humanos y libertades ciudadanas en Colombia
■ El estudio desmiente a Bogotá y asegura que el paramilitarismo no ha sido desmantelado en el país
Bogotá, 23 de septiembre. Organzaciones no gubernamentales (ONG) denunciaron un agravamiento de los derechos humanos y las libertades ciudadanas en el gobierno de Álvaro Uribe, en un informe en que subrayaron la vigencia de los nexos entre agentes estatales y los grupos paramilitares.
Por lo menos 13 mil 634 personas han muerto por “la violencia sociopolítica” en Colombia, denunciaron cerca de mil ONG, entre ellas la Alianza de Organizaciones Sociales, la Asamblea de la Sociedad Civil por la Paz y la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos.
El estudio denuncia que “al contrario de lo que manifiesta el gobierno colombiano, el paramilitarismo no ha sido desmantelado” y unos 9 mil combatientes continúan en activo pese al proceso de paz concluido en 2006 por el cual, se dijo, se desarmaron más de 31 mil milicianos ultraderechistas.
El documento, que está dirigido al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que en diciembre examinará en forma la situación en Colombia, añade que también han aumentado los casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y el desplazamiento de campesinos.
La noche del martes, Uribe se reunió en Nueva York con la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Navanethem Pillay, para explicarle los avances logrados en la materia, los que incluyó también una respuesta a las denuncias de las ONG.
“Lo que es preocupante, e indica un retroceso, es que hay mayor participación de miembros de la fuerza pública y organismos del Estado” en las violaciones de los derechos humanos en Colombia, señaló el politólogo Alvaro Villarraga, quien participó en la redacción del informe.
Para el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado “los factores estructurales que provocan la violencia y las violaciones de los derechos humanos, como la pobreza y la discriminación social, siguen presentes”.
Por otro lado, el ejército colombiano aceptó su responsabilidad en un ataque a la guardia de un comunidad indígena en el departamento de Nariño, que el viernes dejó dos muertos y un herido, y anunció el pago de una indemnización a las víctimas.