■ Hay un “ambiente desolador”, dicen legisladores de PRI y PRD
La política económica, “caldo de cultivo” para la inseguridad
■ El narcoterrorismo no se larvó en los últimos años, justifican panistas
La crisis financiera estadunidense y la aplicación durante 25 años de una política económica equivocada en México son el caldo de cultivo para “este ambiente desolador que genera las condiciones de inseguridad pública”, afirmaron legisladores de PRD y PRI, mientras representantes del PAN matizaron al señalar que el crecimiento del narcoterrorismo “no es producto de dos administraciones, sino de muchos años en los que se permitió que este cáncer se multiplicara”.
En víspera de la comparecencia del responsable de la política interior del país, Juan Camilo Mouriño; del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y del procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, los legisladores del PRD y del PRI cuestionaron la aplicación de una política económica que cancela oportunidades de empleo y educación a las familias de menos recursos, y que, al mismo tiempo, empuja a los jóvenes a buscar en actividades antisociales una salida a esta crisis.
Por separado, el legislador priísta Marco Antonio Bernal condenó que el proyecto de Presupuesto de Egresos del presidente Felipe Calderón tenga un carácter “eminentemente policiaco” y deje de lado temas como la educación, mientras el legislador perredista Alejandro Sánchez Camacho descalificó acciones como el aumento al precio de las gasolinas.
Entrevistado poco antes de iniciar una mesa de trabajo en la que se cuestionó duramente el esquema de los gasolinazos, el perredista Sánchez Camacho insistió en que se trata de un mecanismo innecesario para allegarle recursos al erario.
“No tienen escrúpulos los de la derecha. Esto sería un golpe más para la economía del país y demuestra que la política económica es un fracaso y requiere un cambio total. Este empobrecimiento de las clases medias y la agudización de las carencias de las clases menos favorecidas trae como consecuencia la creciente inseguridad pública”, advirtió.
Mientras, el secretario de la Comisión de Seguridad Nacional, el panista Cristian Castaño, sostuvo que es necesario ubicar “en su justa dimensión” todo el fenómeno de inseguridad que tiene que ver con el crimen organizado. Éste, sostuvo, es un problema añejo que se ha cultivado a lo largo muchos años.
“Hemos dejado en manos irresponsables las instancias de seguridad pública, que se han aliado con estas organizaciones criminales, las cuales se fueron incrementando en número y capacidad de operación.
“En México no habíamos visto un fenómeno como el narcoterrorismo, pero a partir de los atentados de Morelia todo ha cambiado, pero no en razón de unos cuantos meses, porque el cáncer no aparece de un día para otro, sino que se va esparciendo a través del tiempo. Ahora tenemos que hablar de reformas estructurales en la capacitación y desarrollo de personal de las instancias de seguridad pública y la participación ciudadana. México dejó durante mucho tiempo que este fenómeno creciera y ahora lo tenemos que enfrentar”, puntualizó.
Dijo que con la iniciativa de Ley de Coordinación Nacional de Seguridad Pública que envió ayer el presidente Calderón a la Cámara de Diputados, se inicia un proceso de “limpia” en los cuerpos de seguridad del país.
La iniciativa presidencial, que se discutirá en los próximos días en San Lázaro, abundó, tiene por objeto “hacer frente a una realidad de una vez por todas”, pues, explicó, actualmente en México no existe un padrón de policías municipales, estatales y federales.
Hay números, apuntó, “pero no sabemos quiénes son, no sabemos cuál es su historial patrimonial, no sabemos cuál es su historial de vida y profesional. Hoy no tenemos un padrón de armas y de equipo que usan los órdenes de seguridad pública; hoy no hemos desarrollado el sistema único de información criminal, y se nos sigue escapando y burlando un delincuente que cometió un acto ilícito en un estado y aparece en otro cometiendo otro delito. No tenemos una plataforma de inteligencia que nos dé la información pa- ra que el Estado pueda aplicar acciones y combatir de manera eficiente a esas organizaciones”.