PEREGRINOS. HAITI, 1999. FOTO: CRISTINA GARCÍA RODERO

Levantamiento indígena en La Amazonia peruana

Una rebelión indígena que agrupó a los 70 pueblos indígenas de la Amazonia peruana se impuso a la destrucción y despojo de sus tierras y recursos naturales. Fueron 12 días de agosto en los que miles de indígenas tomaron instalaciones petroleras y bloquearon carreteras y ríos. El gobierno neoliberal de Alan García respondió con violencia y con estados de sitio a la exigencia de derogar una serie de decretos que promueven la privatización de tierras ancestrales. Se trataba, de acuerdo a las organizaciones indígenas que participaron en el levantamiento, “de autorizar concesiones perpetuas de vastas zonas de la región amazónica” mediante diversos decretos preparatorios para la aplicación del Tratado de Libre Comercio (TLC) Perú-Estados Unidos. En suma, siguiendo el manual del capitalismo voraz, se pretendía, y, sin duda, se seguirá pretendiendo, vulnerar los derechos milenarios de los pueblos originarios amazónicos, mercantilizar la tierra y la biodiversidad de sus territorios y atentar contra las condiciones de vida, salud, trabajo y cultura de las naciones de la Amazonia.

El gobierno peruano quiere otorgar concesiones petroleras en zonas selváticas protegidas y habitadas por comunidades indígenas, y entregar amplias extensiones de la Amazonia a inversionistas privados de la industria maderera. Para lograr este objetivo impuso diversos decretos-leyes al amparo de las facultades legislativas que le otorgó el Congreso para que adapte la legislación nacional al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. La meta es entregar a las transnacionales lo que queda de la Amazonia, pues es sabido que entre el 65 y 70 por ciento de este territorio ya ha sido concesionado a diversas empresas que han saqueado la región.

Sin más armas que la razón y la determinación de no permitir que continúe la privatización de los bosques y las riberas de los ríos de la Amazonia, miles de indígenas intensificaron sus protestas entre el 9 y 21 de agosto con tomas de dos estaciones de petróleo de la estatal Petro Perú, de una central hidroeléctrica y del lote 56 del proyecto gasífero de Camisea, dos pozos de gas explotados por la petrolera argentina Pluspetrol y embarcaciones de la misma empresa, además de la retención de policías.

La respuesta de Alan García fue el envío del ejército y la policía, además de la declaración de estado de emergencia en cuatro provincias de la Amazonia, lo que implicó la suspensión de las garantías individuales, como el derecho a reunión, al libre tránsito y a la inviolabilidad del domicilio, medidas que fueron consideradas por los indígenas como “una declaración de guerra”. El primer ministro, Jorge del Castillo, confirmó la amenaza con la advertencia de que “guerra avisada no mata gente”.

Finalmente, el 22 de agosto, la fuerza de la rebelión indígena se adjudicó una victoria. El Congreso de Perú aprobó una ley que deroga dos de los principales decretos (el 1 015 y 1 073) que promovían la privatización de la Amazonia. La derogación fue considerada por Alan García como un “error histórico”, y, por supuesto, no quita el dedo del renglón, a pesar de haber provocado un levantamiento que mostró los límites de la paciencia india.