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■ El rescate de bancos en EU costará1.5 veces más que la invasión a Irak
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Las políticas de subsidios generalizados a la producción de biocombustibles en Europa y Estados Unidos refuerzan la presión alcista en los mercados agrícolas María Luisa Severiano
La “volatilidad” en los precios de los alimentos que se observa desde hace un par de años sumó a cuando menos 75 millones de personas al ejército de hambrientos en el planeta durante 2007 y se espera un monto similar en 2008 (datos de la FAO), para llevar el total por arriba de los mil millones. Nadie ha metido la mano para detener la escalada ni la especulación, mucho menos para contener los dramáticos efectos sociales. “Son las reglas del mercado”, argumentan los “líderes” mundiales, y “así es el juego”.
La “volatilidad” financiera (léase especulación) hizo crisis en el voraz sistema bancario estadunidense, y sus otrora poderosas instituciones (exceso tras exceso) han ido cayendo una tras otra, como castillo de naipes. Todos se movieron a la velocidad del rayo para intentar frenar el colapso. Costará alrededor de 700 mil millones de dólares en recursos públicos. “Son las reglas del mercado”, pero “nosotros somos las reglas del mercado”, argumentan los adoradores de la libre competencia, a la vez que acérrimos enemigos de la intervención estatal en asuntos privados.
De acuerdo con la FAO, las naciones más afectadas por la “volatilidad” en los precios de los alimentos “necesitarán 30 mil millones de dólares para garantizar su seguridad alimentaria y reactivar sistemas agrícolas que han sido descuidados durante mucho tiempo”. No sólo eso: “los elevados precios alimentarios invirtieron la tendencia positiva de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio de reducir a la mitad la proporción de personas hambrientas para 2015; el hambre aumentó, mientras el mundo se hacía cada vez más rico y producía más alimentos que nunca en la última década; se necesitan con urgencia inversiones con amplia base y a gran escala para hacer frente de forma sostenible a los problemas crecientes de inseguridad alimentaria”.
Los 700 mil millones de dólares que, del erario y por decisión del gobierno de Bush (fiel creyente del libre mercado), se destinarán al “rescate” bancario en el vecino del norte representan casi 1.5 veces más de lo que hasta ahora han pagado los estadunidenses por la invasión a Irak (el negocio privado del texano y sus amigos), y equivalen a 5 por ciento del producto interno bruto del “motor del mundo” (como comparación, el Fobaproa a los mexicanos les costó, cuesta y costará un 20 por ciento del PIB). La Casa Blanca y el privilegiado mundillo financiero creen que con esa inyección de dinero público la amenaza de una nueva gran depresión, cosecha 1929, se alejará y la banca privada se mantendrá como ícono de la “libertad de empresa”, el “antiestatismo” y el “libre mercado”.
La Cepal advierte sobre la urgencia de atenuar la volatilidad (léase especulación) en los mercados de alimentos, dados sus efectos perversos sobre la distribución del ingreso (vía presiones inflacionarias) y sobre los costos, a la vez que subraya que los factores que afectaron los precios de los productos básicos “se encontraban más conectados con el comportamiento de los mercados financieros que con los equilibrios en los mercados de bienes. En particular, hay una significativa demanda por productos básicos como reserva de valor y por instrumentos financieros vinculados a sus precios, especialmente en la coyuntura actual, caracterizada por la elevada y persistente volatilidad de los precios de los activos financieros”.
También que “la elevada volatilidad en el precio de las materias primas, particularmente de los alimentos, es un fenómeno de escala global que responde a una combinación de factores. Algunos de ellos son de naturaleza estructural: el aumento de la población y del ingreso, a la que está asociada una creciente demanda de alimentos; la rápida industrialización asiática, que estimula la demanda de materias primas y energía, y las políticas de subsidios generalizados a la producción de biocombustibles en Europa y Estados Unidos, que refuerzan la presión alcista en los mercados agrícolas. Otros son de naturaleza más especulativa, como la crisis hipotecaria y financiera en Estados Unidos y la influencia de los fondos de cobertura orientados crecientemente hacia el mercado de productos básicos. Si bien la reciente caída del precio de algunas materias primas refleja el importante papel que los movimientos especulativos han tenido sobre la volatilidad en dichos mercados, el peso relativo de los factores estructurales y especulativos en el movimiento de precios no está aún claramente definido”.
El dinero público que el gobierno de Bush (“cambié de parecer”, dice el texano) destina al “rescate” de la voraz banca privada estadunidense resulta 23 tantos por arriba con respecto a las urgencias financieras de las naciones más afectadas por la “volatilidad” en los precios de los alimentos (30 mil millones de dólares) para garantizar su seguridad alimentaria y reactivar sus sistemas agrícolas. De los 75 millones que en 2007 se sumaron al ejército de hambrientos, 6 millones sobreviven en América Latina, 28 millones en Africa y 41 millones en la región Asia-Pacífico.
Pero Estados Unidos tiene prioridades (“nuestro sistema de libre empresa se basa en la convicción de que el gobierno federal debe intervenir en el mercado sólo cuando es necesario”, se justifica el “socialista” Bush): la democracia de, por y para los grandes empresarios (errores y excesos privados se pagan con dinero público y se socializan las pérdidas), y después garantizar, allende sus fronteras, el modelo económico abierto, de libre mercado, en el que, se supone, cada quien se rasca como puede, goza de los aciertos y “paga” por los traspiés, según su propia filosofía de dientes para afuera. El problema es que esas prioridades las han hecho propias los “gobiernos afines”, que del “rescate” privado han hecho política pública.
Como siempre, la pregunta queda en el aire: ¿dónde estaba la autoridad financiera de Estados Unidos encargada, por ley, de regular y supervisar a la banca? En vía de mientras, el hambre crece y el dinero de los contribuyentes consolida fortunas privadas.
Las rebanadas del pastel
Si de negocios privados con recursos públicos se trata, allí están Roberto Hernández y socios en Banamex, quienes por cortesía gubernamental no pagaron 3 mil 500 millones de dólares en impuestos, algo así como la mitad de una refinería de buen tamaño y capacidad. Si en realidad van tras Francisco Gil Díaz, ex secretario de Hacienda de Fox y artífice de la evasión “legal” de los ex accionistas del banco mencionado (hoy propiedad de Citigroup), entonces súmenle gracias como Isosa, los fideicomisos en aduanas, los pagarés Fobaproa, por citar algunas, y la fiesta será en grande. Y si alguien sabe del asunto es Agustín Carstens, subsecretario de Hacienda en aquellos tiempos.