■ Quedan en reserva los datos sobre la clase de protección de que están dotadas las unidades
Los Pinos gasta $22.8 millones en el blindaje de 21 vehículos de Calderón
■ Responde a solicitud del IFAI, el cual considera que esa información no vulnera la seguridad
Ampliar la imagen En imagen de archivo, el presidente Felipe Calderón Hinojosa Foto: Carlos Cisneros
En el blindaje de 21 vehículos que son utilizados para la seguridad de Felipe Calderón Hinojosa, la Presidencia de la República gastó 22.8 millones de pesos.
El Estado Mayor Presidencial (EMP) así lo informó luego de que el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) instruyó a Los Pinos a que entregara dichos datos, tras determinar que no ponen en riesgo la integridad del mandatario ni la de las personas que lo rodean.
En un oficio, el EMP indicó a este diario que la cantidad fue “variable”, según el tipo de automotor. No especificó cuándo se erogaron estos recursos ni las características de dichas unidades ni de su blindaje, ya que el IFAI determinó confirmar la reserva de dicha información por 12 años.
Con ello el instituto convalidó el argumento de Los Pinos de que su publicidad pondría en riesgo la seguridad e integridad del Presidente de la República ante posibles atentados o cualquier agresión de la “delincuencia organizada”.
Sin embargo, a contrapelo de la Presidencia, el IFAI resolvió en abril pasado que se informara sobre el costo total del blindaje , ya que hizo una búsqueda en Internet sobre empresas blindadoras y encontró que si bien publican información referente a los niveles de protección, no ofrecen el costo de los mismos.
Por lo anterior, “es posible afirmar que la divulgación del costo del servicio del blindaje de los 21 vehículos al servicio del mandatario mexicano no pone en riesgo la integridad del Presidente ni de las personas que lo rodean, en virtud de que el monto no hace identificable el nivel o tipo de blindaje de los automotores; de ser el caso contrario, procedería la conformación de la clasificación con fundamentos en las causales analizadas”, consignó el comisionado Alfonso Gómez-Robledo, ponente del caso.
Informe sobre el monto global
Si bien el IFAI ordenó en un principio a la Presidencia de la República dar a conocer las facturas por el servicio del blindaje, después concluyó que sólo informara sobre el monto global pagado por este concepto.
La razón fue que el instituto revisó los originales de las facturas y concluyó que éstas “permiten identificar plenamente el vehículo que ampara la factura correspondiente, así como las características del blindaje”.
En este aspecto, coincidió con Los Pinos en que causaría daño dar datos acerca de la identificación plena de vehículos, porque permitiría conocer las capacidades de seguridad y ubicación (patrones de rutas) de los automores que tienen por objeto salvaguardar la integridad física del Presidente, y provocaría que se vieran “neutralizadas” las acciones planeadas o desarrolladas por el Estado Mayor Presidencial.
También concluyó que no es conveniente identificar a las personas morales que llevaron a cabo el blindaje de los vehículos utilizados por el Presidente, ya que éstos podrían ser objeto de presión para que revelaran las especificaciones técnicas de los automotores.
Originalmente, la Presidencia de la República clasificó los documentos referidos por 12 años y luego alegó ante el IFAI (el 26 de febrero de 2008) que dar a conocer cuáles vehículos están blindados, su tipo de protección, qué empresas lo hicieron, las condiciones del contrato y proporcionar las facturas puede ocasionar que “se dificulten las estrategias para prevenir y combatir cualquier tipo de acción delictiva gestada para amenazar, afectar o dañar la integridad del jefe del Ejecutivo”.
Acerca de los cantidades pagadas por el blindaje, señaló que su conocimiento “podría traer consigo que grupos de delincuencia organizada descubrieran al momento de saber el costo del equipo, el tipo de blindaje utilizado y existiera la posibilidad de que dichos grupos contrarrestaran con equipos de mayor o igual tecnología los grados de seguridad de cada uno de los vehículos a cargo del equipo de seguridad y logística del Presidente, y así tuvieran la posibilidad de atentar contra la vida del titular del Ejecutivo, su familia, así como de los recursos humanos que trabajan en las oficinas” del mandatario.
Argumentos para la reserva
Lo anterior porque “normalmente se utilizan vehículos similares haciéndolos identificables”; además, “estos datos pueden dar una idea precisa del nivel de fuerza que se requiere para llevar a cabo un atentado, el cual, sin lugar a dudas, puede efectuarse cuando se utilicen dichos vehículos al circular o encontrarse estacionados en la vía pública, incluso atendiendo la señal de alto en los semáforos”.
Dicha circunstancia, añadió, “invariablemente afectaría también la tranquilidad e integridad de la ciudadanía, alterándose como consecuencia la seguridad pública y ocasionando esta situación un evidente riesgo a la seguridad nacional, ya que se estaría revelando información técnica o datos que son susceptibles de potenciar o actualizar amenazas, de acuerdo con lo dispuesto por la normatividad en la materia”.