■ Su mercado laboral, cada vez más restringido; en 2008 la Federación sólo autorizó 99 plazas
Al año egresan 600 estudiantes de normales públicas y mil de privadas en Guerrero
■ Las comunidades más pobres afirman que las autoridades no les proveen los educadores necesarios
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Estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa durante una protesta frente al palacio de gobierno de Guerrero, en Chilpancingo, en noviembre de 2007
Foto: Óscar Alvarado
Chilpancingo, Gro., 20 de septiembre. Frente a un mercado laboral cada vez más restringido, año tras año egresan poco más de 600 estudiantes de las nueve normales públicas del estado de Guerrero y unos mil más de las 18 escuelas privadas, propiedad en su mayoría de políticos priístas ligados a René Juárez Cisneros.
Hasta hace cinco años, los egresados de estas escuelas, especialmente los de las públicas, tenían automáticamente asegurada una plaza, pero en 2003 la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG) sólo contrató a 50 por ciento de los profesores provenientes de las nueve normales públicas del estado, aun cuando en la entidad hay zonas, particularmente las más pobres, donde se necesitan educadores, según denuncias de las comunidades demandantes, ampliamente recogidas por la prensa.
A partir de 2003 Guerrero ha vivido cada año conflictos con los egresados de las normales –particularmente con los de la rural de Ayotzinapa–, que se han concretado en bloqueos a la Autopista del Sol y tomas de oficinas del sector educativo, e incluso del Congreso local. El gobierno se niega a otorgar plazas a los egresados y ha obligado a las normales –reduciendo el subsidio– a recortar la matrícula.
La administración del perredista Zeferino Torreblanca Galindo sostiene que la administración anterior, de René Juárez Cisneros, le heredó un sector educativo en crisis financiera porque autorizó un aumento al aguinaldo de los trabajadores de la Secretaría de Educación de Guerrero –de 45 a 90 días– y otorgó 10 mil nuevas plazas a docentes sin techo presupuestal, lo que provocó entre 1987 y 2003 un faltante de mil 790 millones de pesos en las arcas de la dependencia estatal.
Todo ello sin contar los alrededor de 6 mil aviadores, la mayoría comisionados al SNTE, que cobran sin trabajar, según denuncias de la disidencia magisterial.
En ese contexto, desde 2003 las sucesivas generaciones de normalistas se han organizado para demandar puestos de trabajo. Ese año integraron un frente y el siguiente la Organización de Egresados Normalistas. En 2005 crearon una federación, y en 2006 la coordinadora de egresados. En esas ocasiones demandaron 600 plazas y obtuvieron la mitad; luego 650 y les dieron 390. En 2005 exigían 698 y consiguieron 365. En 2006 la solicitud fue de 701, pero la SEG les otorgó 369.
Hasta ese año participaron unificadas las normales públicas: Centro Regional de Educación Normal Adolfo López Mateos, con sede en Iguala; Adolfo Viguri y Rafael Ramírez, localizada en Chilpancingo; Regional de La Montaña, en Tlapa; la Vicente Guerrero, de Teloloapan; la de Educación Física, de Acapulco; la Regional de Tierra Caliente, en Arcelia, y la Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos, en Tixtla.
Pero en 2007 la SEG impulsó la Asociación de Egresados Normalistas del Estado de Guerrero (AENEG), de la que excluyeron a la de Ayotzinapa; ese año hubo dos desalojos –uno con gases lacrimogenos dentro del salón de sesiones del Congreso– contra los alumnos de la normal rural, con un saldo de 30 estudiantes presos y decenas de heridos.
Este 2008, el movimiento normalista quedó prácticamente desmovilizado a pesar de que se constituyó la AENEG, lo que fue posible debido a que desde 2006 la licenciatura en educación primaria fue cancelada en las nueve normales públicas y en las 18 privadas.
Las normales privadas, negocio de políticos priístas
Durante el gobierno del priísta René Juárez Cisneros se abrieron 18 normales privadas, algunas propiedad de la familia del ex candidato a la gubernatura por el Partido Revolucionario Institucional, Héctor Astudillo Flores, hoy candidato a la alcaldía de Chilpancingo, y otras de alcaldes y diputados.
Ellas son la Escuela Normal Justo Sierra, ubicada en Tixtla; el Instituto Pedagógico de Estudios Profesionales AC, de Acapulco, cuyos dueños son Napoleón Astudillo Alcaraz y Jaime Astudillo Martínez. En el mismo puerto se ubican la Jaime Torres Bodet y el Instituto Pedagógico de Estudios Superiores Albert Einstein, cuyos dueños son Raúl y Luis Astudillo García, respectivamente; además de la Escuela Normal Emperador Cuauhtémoc, y el Centro Escolar José Azueta AC, propiedad, en ese orden, de Leticia y Miguel Astudillo Meneses.
Una más es el Colegio Simón Bolívar, de Chilpancingo, del que la actual regidora Consuelo Trujillo Márquez es propietaria; la Normal Juan Ruiz de Alarcón, ubicada en Iguala, su dueño es Gabriel Ponce Guadarrama, hermano de Abraham Ponce, coordinador de la fracción del PRI en el Congreso local, y el Centro de Integración Educativa Normal, de Zihuatanejo, de César Bello Solís.
Otras son la Normal Bertha Von Glumer, de Zihuatanejo, de Rocío Pérez Urbina; el Centro Universitario Español, de Acapulco, de María del Rocío Jarrín Lozano; la Escuela Normal Carrillo Cárdenas, ubicada en Chilapa, de María Antonia López Carvajal; el Centro Universitario Aurora Meza Andraca, de Chilapa, de José Díaz Navarro; el Instituto Gilberto Guajardo, ubicado en Acapulco, de Isabel Franco Gutiérrez y Guadalupe Madrigal Alejandro, y la Normal Carlos Marx, ubicada en Acapulco, propiedad de Dafny Sánchez Valente.
Hay además tres que no cuentan con permiso de la SEP para operar: el Instituto de Estudios Superiores Ignacio Manuel Altamirano, de Tixtla, propiedad de Timoteo Valle Alcaraz, ex alcalde priísta en ese municipio; el Centro Escolar Hermenegildo Galeana, de Tecpan, cuya dueña es María Celia Armenta de León, y el Centro Escolar Acapulco 2000, propiedad de Angélica Astudillo Meneses. Los egresados que deseen contar con acreditación profesional tendrán que someterse al examen del Centro Nacional de Evaluación.
Oficialmente a estas normales privadas la SEG no les otorga ninguna plaza, aunque la dependencia no dice en qué trabajan los cerca de mil egresados anuales, pero la disidente Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación acusó a la SEG y a la dirigencia de la sección 14 del SNTE de hacer negocio con las plazas.
Este año, luego de que se puso en marcha la Alianza por la Calidad Educativa, la Federación sólo autorizó para Guerrero 99 plazas, distribuidas en prescolar, educación especial, secundaria y educación física. Dejó a más de la mitad de los egresados de licenciatura de primaria sin la posibilidad de aspirar a obtener un lugar.
Hoy el magisterio guerrerense está movilizado en las protestas contra la alianza de Elba Esther Gordillo y Felipe Calderón.