Editorial
Gil Díaz: turbiedad y conflicto de intereses
A siete años de haberse consumado la venta de Banamex al trasnacional Grupo Financiero Citibank, documentos oficiales apuntan a que el ex titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) Francisco Gil Díaz habría intervenido en dicha operación, que implicó eludir el pago de 3 mil 500 millones de dólares por concepto de impuestos –dado que la transacción fue realizada en el mercado bursátil– en beneficio de Roberto Hernández, ex propietario de Banamex, amigo personal de Vicente Fox Quesada y superior del propio Gil Díaz durante el desempeño de éste como director general de la telefónica Avantel.
Para poner el hecho en contexto, debe recordarse que el 21 de mayo de 2001 la propia SHCP difundió un comunicado por medio del cual su titular se “excusa ante el (ex) presidente Vicente Fox de tomar alguna decisión que competa a la SHCP en torno a la operación de Banamex Accival y Citigroup”. En el mismo documento, el ex funcionario afirma no haber prestado sus servicios a las sociedades involucradas y no encontrarse, por tanto, “en supuesto alguno que suscite conflictos de intereses”. Años más tarde, durante la glosa del último informe de gobierno del sexenio foxista, al ser cuestionado por dicha operación financiera, Gil Díaz remitió al mismo boletín para sostener que se había mantenido al margen de la operación; sin embargo, y a la luz de la documentación disponible, queda de manifiesto que el ex funcionario avaló la transacción y, en consecuencia, que mintió a los legisladores y a la opinión pública nacional.
Estos señalamientos cobran especial relevancia si se toma en cuenta que, amén del episodio de la compra de Banamex por parte de Citibank, la trayectoria del encargado de los recursos públicos durante el sexenio foxista puede resumirse como una larga cadena de turbiedad, discrecionalidad y conflicto de intereses: durante el sexenio de Carlos Salinas, cuando Gil Díaz se desempeñaba como subsecretario de Hacienda, familiares suyos se vieron beneficiados con concesiones para obtener agencias aduanales; en 1993 –según acredita la escritura pública 64882 de la Notaría 16 de esta capital– el ex funcionario instruyó la constitución de la Integradora de Servicios SA (ISOSA), empresa que administra parte de los recursos públicos derivados de los trámites aduaneros, y cuya propiedad mayoritaria corresponde al fideicomiso denominado Aduanas I, del que Gil Díaz posee uno por ciento de las acciones; a principios de 2007, apenas un mes después de abandonar el cargo al frente de la SHCP, Gil Díaz se incorporó al consejo de administración de HSBC –multinacional financiera inglesa que tiene operaciones en México–, no obstante que la dependencia que encabezó durante seis años es la encargada de regular el sistema financiero, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En conjunto, estas irregularidades en el desempeño de un funcionario habrían sido impensables en un pleno estado de derecho; en el contexto nacional, sin embargo, han sido ignoradas –voluntaria o involuntariamente– por las autoridades correspondientes y es de suponer que lo mismo podría haber ocurrido en este caso, que tuvo que salir a la luz pública como consecuencia de una denuncia emanada de la Cámara de Diputados. Resulta significativo, al respecto, que Agustín Carstens, actual titular de Hacienda y a quien ha sido entregada la documentación acerca de la participación de Gil Díaz en la operación mencionada, haya fungido como subsecretario de esa misma dependencia entre 2000 y 2003; tal antecedente hace poco creíble que el funcionario haya sido ajeno al comportamiento de su predecesor.
Por lo demás, los hechos que se comentan son emblemáticos de una turbiedad que impera en todas las esferas de la administración pública, desde la cual los funcionarios ejercen sus facultades no con un sentido de compromiso con el servicio público, sino en persecución de intereses particulares propios o ajenos; ejemplo de ello puede ser el del actual titular de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, quien, en su calidad de legislador y posteriormente como funcionario del gobierno federal, actuó en representación de una empresa de su familia para firmar contratos con Pemex.
Es procedente y necesario, pues, que en aras de sanear en alguna medida la castigada imagen de la institucionalidad política, se emprendan los procesos administrativos y jurídicos correspondientes para esclarecer los cuestionamientos en torno al desempeño de Francisco Gil Díaz como funcionario público.