Unidad en torno a qué
José Cruz Romero, un estimado compañero en muy diversas actividades en el sector público y desde las organizaciones campesinas, fue asesinado recientemente. Su cuerpo con un tiro en la nuca y una bolsa de plástico en la cabeza fue encontrado en la cajuela de un auto abandonado en la UNAM. Su comportamiento mesurado, ordenado, absolutamente recto en la funciones técnicas que durante muchos años desempeñó para los cañeros de la CNC hacen altamente improbable que su asesinato tenga que ver con los narcotraficantes. Por ello es indispensable que su crimen no quede impune y que realmente se investigue con acuciosidad para encontrar a los verdaderos asesinos de este crimen horrendo.
El acto terrorista en Morelia, que enlutó a muchas familias mexicanas, es un paso más en la escalada que busca deslegitimar al Estado mexicano. El daño en términos de temor, desconfianza, división, fragmentación crece. En medio de la rabia, el malestar y la exasperación se buscan soluciones precipitadas o descontextualizadas.
Seguramente las medidas más decisivas en este combate frontal tienen que ver con desarticular los mecanismos de lavado de dinero y de tráfico de armas y con depurar los mandos policiacos. Pero todas son medidas que requieren de tiempo, de una instrumentación impecable y de un apoyo social indisputado.
Los llamados a la unidad nacional han sido frecuentemente recursos retóricos. En algunos pocos momentos de nuestra historia han tenido consecuencias en términos de detener la erosión de las instituciones del Estado generando consensos que propicien gobernabilidad. Un evento traumático como el de Morelia genera espontáneamente condena hacia los criminales y solidaridad con las víctimas. Pero si se trata de articular por medio del concepto unidad nacional una estrategia política del Estado mexicano tiene que estar sustentada en la legitimidad y la autoridad moral de sus dirigentes.
Independientemente de la opinión política y profesional que nos merezcan los integrantes del actual gabinete presidencial, lo que cobra relevancia es recordar las cifras de las elecciones de 2006. Calderón ganó –aun en el supuesto de que no hubiera habido fraudes– con 35.9 por ciento frente a 35.1 por ciento de López Obrador, sobre un total de 42 millones de votantes. Pero como el padrón total de potenciales votantes fue de 71 millones de ciudadan@s, el presidente Calderon lo fue con el voto del 21 por ciento del total de los votantes.
Un gobierno minoritario igualmente puede gobernar y tener legitimidad. Pero cualquiera que sea su estrategia, sus conviciones o sus propuestas de políticas públicas tiene que entender que no puede gobernar solo. Está obligado a generar una mayoría parlamentaria y una mayoría social si quiere hacerlo con eficiacia y legitimidad.
No ha sido el caso de este gobierno. Ha pretendido gobernar como si hubiera tenido una amplia base social que lo respaldara. Cierto es que se pueden fabricar mayorías efímeras, como las que se han armado con el PRI y con la representación política del SNTE en el Congreso. En condiciones de normalidad democrática se habría garantizado un grado de estabilidad política. Pero en condiciones de excepción como las que vivimos en México se requiere de una legitimidad incontestada precisamente para enfrentar de manera unificada la amenaza desestabilizadora del crimen organizado.
Un política de unidad nacional real y significativa sólo puede construirse alrededor de un gobierno legitimado socialmente, encabezado por un gabinete de personalidades dignas y respetables que conciten la confianza ciudadana. No se trata de un gobierno de composición pluripartidista que parece inviable hoy. Sino de un gabinete técnico de personalidades nombradas no sólo por sus méritos personales, sino sobre todo alrededor de un programa mínimo común que atienda el tema central de hoy: reducir la impunidad y la corrupción para garantizar resultados en el combate al crimen.