La desmemoria de los malosos
En días pasados se denunció que la licenciada Cristina Auerbach Benavides, del Equipo Nacional de Pastoral Laboral, sufrió un nuevo intento de agresión.
Aflojar todos los birlos de todas las llantas de su camioneta pretendía un doble objetivo. Primero, provocar un “accidente” desastroso, para que la Organización Familia Pasta de Conchos se diluyera con su exigencia de justicia. Segundo, que las familias de los mineros muertos volvieran a sus casas en silencio, y los trabajadores del carbón y sus familias supieran que el Estado ni va a velar por sus derechos, ni los va a proteger frente a empresas como Industrial Minera México SA de CV (IMMSA), de Grupo México, que bajaba sus costos de producción a costa de sus vidas. Por añadidura, hacer que todos los defensores y defensoras de derechos humanos se intimiden y replieguen, junto con esa organización.
¿Tendrá el nuevo atentado que ver con las actuaciones en Coahuila del presunto agente del Cisen José Antonio Ortega, que en forma por demás pormenorizada fueron descubiertas y dadas a conocer por Arturo Rodríguez García en la revista Proceso del 17 de agosto pasado?
Por lo visto, los responsables de planear y ejecutar tan miserable “accidente” apuestan, como lo ha hecho IMMSA, o junto con ella, a que el Estado los proteja y se proteja a sí mismo con su manto de impunidad, como lo han venido haciendo después de aquel dramático 19 de febrero de 2006. Para fortuna de Cristina y de todos nosotros, por lo pronto el “accidente” no se realizó.
Como se sabe, desde el pasado 15 de mayo el caso Pasta de Conchos entró en una crisis provocada por la empresa, que pretendió, con base en viejas mentiras, sellar en forma definitiva los cañones de la mina. Los familiares se lo han impedido, manteniendo guardias en la bocamina, y aseguran que permanecerán ahí hasta que se rescate a sus parientes. Han hecho antes cuanto han podido, y de manera ejemplar asumieron y enfrentaron la indolencia de las autoridades para atender sus demandas. Después de cinco meses en la bocamina y de 31 meses de movilizarse para exigir justicia, es evidente que ahí se quedarán, pues reiteradamente se les ha negado “tener interés jurídico” en cualquier queja que han presentado, ante la Secretaría del Trabajo, la de Economía, la de la Función Pública y la Procuraduría General de la República. Y han tenido que recurrir a amparos para que les sea reconocido su derecho a existir ante esas diversas dependencias.
Sólo por este medio han logrado que se les responda a su solicitud para retirar la concesión a la empresa IMMSA, que se les había negado por ese supuesto motivo. Ello no obstante, en el mes de julio la Secretaría de Economía volvió a expresar con el mismo argumento su negativa, y de nueva cuenta han tenido que recurrir a otro amparo, que se encuentra detenido por una queja presentada por la empresa, que se resiste a que le den trámite al amparo de las viudas. Ellas sin embargo han logrado un importante amparo, en el que por parte del cuarto tribunal colegiado obtuvieron una resolución favorable, que ordena a la juez quinta de distrito que se les reconozca interés jurídico para intervenir en las acusaciones contra los funcionarios de la Secretaría del Trabajo, por negligencia en las inspecciones que se hicieron a IMMSA durante varios años antes de la explosión. Y se ha aceptado además que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda revisar la constitucionalidad de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que no considera a terceros –en este caso las viudas o familiares de los mineros fallecidos– para que puedan intervenir cuando se vean afectados por sus actos u omisiones.
En todo este tiempo se ha constatado también cómo la empresa se impone frente a la Procuraduría Federal del Trabajo, la cual, con su ineficiencia para apoyar la ambición y la impunidad de una empresa, optó incluso porque el secretario del Trabajo mintiera a la opinión pública y a las familias. Llena de horror e indignación, por lo pronto, que sus complicidades pretendan que una viuda con tres hijos viva con 41 pesos diarios, por lo que a las responsabilidades que deberán fincarse por la explosión en la mina deberán también sumarse las derivadas por el trato inhumano y cruel contra los familiares por parte del Estado.
El mal no tiene memoria, y la falta de memoria vuelve a los malosos erráticos y absurdos. Quienes nos gobiernan no han aprendido que su violencia e impunidad sólo fortalece los vínculos de solidaridad y cariño de las familias y sus defensores, y hace que cada vez más organismos defensores de derechos humanos se sumen al movimiento de la Organización Familia Pasta de Conchos. Entre tanto, mientras los recursos legales recorren sus formas y sus tiempos, y la CNDH hace pública una nueva recomendación, las familias permanecen vigilantes en la bocamina, para evitar que la empresa haga un nuevo intento por sellarla, pretendiendo dejar a los mineros sepultados en los socavones de la impunidad.
El único destino posible para Pasta de Conchos es el rescate de los mineros muertos, y el castigo de los responsables. No hay tregua, porque el rescate es técnicamente viable, y el castigo sólo depende de la voluntad política de las autoridades.