■ Vivir mejor sólo es política social, responde
En 10 días, Presidencia deberá aclarar campaña
Ante la serie de argucias administrativas de que se ha valido la Presidencia de la República para negarse a transparentar información de sus políticas sociales, el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) le impuso un plazo de hasta 10 días hábiles, para que, una vez que sea notificada, haga público el costo y nombre de la empresa creadora de la estrategia Vivir mejor, presentada por el gobierno federal en abril de este año.
En caso de carecer de información, solicitaron a la Presidencia que “oriente a otros sujetos obligados, en particular las secretarías de Estado, en caso de que los costos correspondientes a la producción y difusión de la campaña de publicidad referida hayan sido sufragados por las mismas”.
Con esta determinación, los comisionados esperan que en lo sucesivo la Presidencia “conteste con plena transparencia el costo de sus campañas de difusión, o políticas públicas”, es decir, cómo las designa el gobierno federal, a fin de evitar ser llamada a informar al respecto.
En este contexto, la pasada sesión el comisionado Juan Pablo Guerrero señaló que el IFAI se asegurará de “que Vivir mejor no es de ninguna forma ‘Mentir mejor’”.
La resolución se desprendió luego de que el pleno revisó una solicitud en la que se pide a la Presidencia conocer el “nombre del autor o empresa que creó la campaña de publicidad de Vivir mejor” y su costo, entre otros datos.
La comisionada ponente, María Marván detalló que la Coordinación de Estrategia y Mensaje Gubernamental de la presidencia informó que “no es una campaña de publicidad, sino una política social del gobierno federal”. La Dirección General de Finanzas y Presupuesto refirió que no se erogó nada y la Coordinación de Comunicación Social manifestó que “no se localizó” documento alguno que haga referencia a lo solicitado.
“De esto se desprende que no se generó costo alguno, toda vez que no existe una campaña de publicidad”, precisó Marván.
Sin embargo, para Guerrero Amparán la respuesta ofrecida “es difícil de aceptar”, porque, dijo, informar que no es una campaña de publicidad, sino una política social del gobierno federal es pretender omitir que éstas tienen un costo económico.