■ Según el Movimiento Cívico no existen condiciones para el cónclave, pero acudirá
La mayoría de corrientes del sol azteca acepta celebrar el 11 congreso nacional
■ Posible convocar otra reunión tras el fallo del tribunal electoral, señala Ricardo Ruiz
Ampliar la imagen Miembros de la comisión organizadora del congreso nacional del Partido de la Revolución Democrática trabajaban ayer en los resolutivos que serán aprobados este sábado Foto: José Antonio López
El grueso de las corrientes perredistas aprobaron hasta ayer la realización de su congreso nacional, aunque persisten las diferencias en torno a la designación de delegados. Aunque acudirá a la sesión, Movimiento Cívico consideró que no existen las condiciones de “legalidad y legitimidad” para su desarrollo, mientras Izquierda Democrática Nacional (IDN) se muestra en contra de los resultados emitidos por la Comisión Nacional de Garantías para designar a los congresistas.
La aprobación para el congreso se consiguió tras el desarrollo de mesas de trabajo y una reunión, celebrada el jueves por la noche, entre cuatro de los ex candidatos a presidente nacional del partido –Alfonso Ramírez Cuéllar, Jesús Ortega, Alejandro Encinas y Camilo Valenzuela– además de Mario Saucedo, Jesús Zambrano y Ricardo Ruiz.
En este encuentro se refrendó la disposición de acudir a la Expo Reforma, en la capital del país, para sesionar este sábado y domingo, y construir acuerdos con el compromiso de no imponer mayorías, sino impulsar cambios y emitir pronunciamientos por consenso.
Hasta el cierre de esta edición, los integrantes de la comisión organizadora trabajaban en la elaboración del documento base de discusión, para adoptar resoluciones en torno a cambios estatutarios, procesamiento de candidaturas para el año próximo, la creación de órganos de dirección, básicamente la Comisión Política Nacional que se integrará por los principales dirigentes perredistas y representantes de todas las corrientes, aunque se mantendrán las figuras de presidente nacional y secretario general del partido. En este último caso se acordó evitar la discusión porque el asunto está en manos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
De igual manera, se trabaja –explicaron tanto Zambrano como Ricardo Ruiz– en relación con un pronunciamiento del PRD sobre la seguridad pública y el petróleo, bajo el acuerdo de rechazar, en este último punto, su privatización.
Ruiz, parte del bloque de Izquierda Unida, estableció que en estos dos días de trabajo se busca que el partido cuente con una dirección colectiva y de equilibrio entre las diversas fuerzas perredistas. Y advirtió sobre la posibilidad de convocar a otro congreso nacional una vez que el TEPJF resuelva sobre la elección de presidente nacional.
Persiste, no obstante, el rechazo del bloque sobre la calificación emitida por la Comisión de Garantías en torno a la designación de congresistas y consejeros, que favorece a Nueva Izquierda y sus aliados, con poco más de 60 por ciento de representación, mientras el Movimiento Cívico rechazó que esa comisión resolviera al respecto cuando el órgano anuló la elección para presidente y secretario general.
“Nos preocupa que con el congreso se legitimen decisiones y el nombramiento de una dirección provisional que permita nuevamente la impunidad ante actos ilegales y antidemocráticos que todos hemos reconocido se cometieron en el proceso electoral”, definió esa corriente en un documento.
Recurso de protección de derechos políticos
Por lo pronto una de sus integrantes, Marcela Nolasco, ya interpuso ante el TEPJF un recurso de protección de derechos políticos al ciudadano al considerar que la calificación de Garantías no se dio en tiempo y forma, pues el órgano no está completamente integrado, sólo lo encabezan dos comisionados, tras la renuncia de Ernestina Godoy a la presidencia de esa instancia. Y se quejó, junto con su compañera Cinthya Mazas –ambas integrantes del Comité Ejecutivo Nacional– de desconocer la lista de congresistas que hoy sesionarán.
En la sede nacional del partido se presentaron anoche perredistas de San Luis Potosí –pertenecientes a la corriente IDN– para cuestionar la designación de delegados por su estado, argumentando que ADN impuso al presidente estatal del partido.
Esta última corriente y Nueva Izquierda aún no cancelan la posibilidad de que el congreso pudiera desarrollarse en una sede alterna de Nezahualcóyotl, estado de México, en caso de que algunos de los delegados impidan la sesión en la Expo Reforma.