■ Muchas son de guerra, como las usadas en Morelia: Amalia García
Exigen gobernadores a EU frenar venta “indiscriminada” de armas a México
Los gobernadores exigieron ayer a Estados Unidos que detenga la venta indiscriminada de armas a México, ya que muchas son de guerra, como las granadas usadas en los atentados en Michoacán.
En nombre de los mandatarios estatales, la zacatecana Amalia García expresó que están “irritados” e “indignados” por el gran volumen de armamento que entra al país por la frontera con Estados Unidos, donde existen 10 mil puntos legales de venta.
Durante la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, realizada en Palacio Nacional, los problemas que en ese aspecto se han presentado recientemente en Michoacán y Baja California salieron a relucir en los planteamientos de los tres gobernadores que tomaron la palabra.
Tras expresar la solidaridad de los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores con el gobierno de Michoacán, la perredista Amalia García señaló que si bien Estados Unidos busca garantizar su seguridad en el caso del narcotráfico, México también tiene derecho a hacerlo.
La mandataria consideró “penoso” que la Corte del país vecino haya considerado que es un derecho la adquisición de armas, pero señaló que es más grave cuando se trata de venta de arsenal de guerra que está utilizando la delincuencia en México.
Tras el reciente motín en el penal de La Mesa –que dejó un saldo de 17 muertos–, el gobernador de Baja California, el panista José Guadalupe Osuna Millán, demandó destinar recursos “urgentes” a los estados, sobre todo para la construcción de nuevos reclusorios. Dijo que en dicho penal hay una sobrepoblación de reos de más de 200 por ciento, y como no cuentan con fondos para ese fin, refirió que con un préstamo están construyendo otro reclusorio.
Aplazan ley del sistema nacional de seguridad
En un desayuno privado, los gobernadores expusieron a Calderón sus críticas al proyecto de ley general del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El presidente de la Conago, el sonorense Eduardo Bours, indicó que por tal motivo acordaron instalar una comisión con las secretarías de Seguridad Pública federal y de Gobernación que buscará llegar a un “arreglo” la próxima semana.
La principal inconformidad de los mandatarios locales –según explicó el priísta– es que la citada ley propone ampliar las facultades de las policías para que puedan recabar información sin intervención del Ministerio Público, medida que calificó de “totalmente inapropiada”, cuando hay problemas de corrupción en esos cuerpos.
Indicó que en la sesión de la Conago los participantes se abstuvieron de votar dicha ley y convinieron en incluir el tema del presupuesto, ya que se trata de un asunto sumamente delicado.
En opinión de Bours, el Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública (Fosec) debe considerar un aumento fijo de uno por ciento y quede establecido como un presupuesto de recaudación participable de más o menos 15 mil millones de pesos.