■ Según pesquisas de la PGR, una severa contingencia climatológica ocasionó la tragedia

Absuelven a Pemex de la muerte de 22 personas; culpan al clima

■ A 11 meses de los hechos ocurridos en la plataforma Usumacinta, en Campeche, la procuraduría pretende dejar el caso en la impunidad, denuncia el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva

Enrique Méndez

A 11 meses del accidente en la plataforma Usumacinta de Petróleos Mexicanos (Pemex), en la sonda de Campeche, la única conclusión a la que ha llegado la Procuraduría General de la República (PGR) es que el percance, en el cual murieron 22 trabajadores, se debió “a una severa contingencia climatológica”, que provocó una colisión con la embarcación Sea Pony, “ocasionando diversos sucesos que desembocaron en la pérdida de la vida” de los empleados de la paraestatal, así como daños materiales y ambientales.

La información se desprende de distintos oficios que la PGR ha entregado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a la Cámara de Diputados, en los cuales insiste que por la discreción propia de la investigación no puede aportar elementos para la queja que siguen visitadores por violación a las garantías básicas de los trabajadores y sus familias.

El reporte de estos avances en la investigación se incluyen en el oficio SCRPPA/DS07191/2008 que envió el subprocurador de Control Regional de la PGR, Víctor Emilio Corzo Cabañas, al presidente de la comisión de la Cámara de Diputados encargada de investigar los daños ecológicos provocados por Pemex, Arturo Martínez Rocha.

Sin embargo, el diputado de Convergencia Cuauhtémoc Velasco Oliva denunció que la procuraduría pretende mantener ese caso en la impunidad, dado que recurrentemente se ha negado a que los visitadores de la CNDH obtengan copias de la indagatoria. Por ejemplo, en un oficio reciente, el SCRPPA/DS/08362-/2008, fechado el 11 de agosto pasado, el mismo subprocurador respondió a un punto de acuerdo de la Cámara que exigió no poner más trabas al ombudsman, que en efecto la PGR no ha entregado copias del expediente a la comisión.

Así, por ejemplo, el funcionario de la procuraduría refiere que en una visita realizada el 29 de enero pasado, únicamente se les permitió a los enviados de derechos humanos tener a la vista los documentos.

Agrega: “de la investigación que nos ocupa, la información que pudiera ser de su utilidad, sin poner en riesgo la secrecía de la misma, se le mostraron físicamente los tomos 10 y 11 de la indagatoria, en los que se pudo constatar los números de fojas y diferentes diligencias contenidas en este legajo; sin embargo, por tratarse de una indagatoria en fase de integración, el agente del Ministerio Público se encuentra impedido legalmente para informar y/o expedir copia de la misma”.

Al respecto, Cuauhtémoc Velasco, quien es vicecordinador de Energía y Desarrollo de su grupo parlamentario, aseguró que la PGR trata de encubrir a los responsables del accidente ocurrido el 23 de octubre de 2007 en la plataforma Usumacinta. “Al negar a la CNDH el acceso a los resultados de los peritajes, la procuraduría no sólo entorpece las investigaciones de los visitadores, sino que pretende que el desastre en la sonda de Campeche se sume a la larga cadena de casos de impunidad que prevalecen en el país”, afirmó.

Medina Mora, obstáculo: legislador de Convergencia

En entrevista, el legislador consideró que el procurador Eduardo Medina Mora ha impedido el exhorto aprobado por la Comisión Permanente, en su sesión del 23 de julio pasado, en el cual se le pidió colaborar con la CNDH y otorgar la información necesaria sobre el hecho.

También, señaló, el Ministerio Público se ha negado a dar acceso a otros expedientes requeridos por la comisión, en torno a constantes denuncias sobre posibles violaciones a los derechos humanos, a la vida, a la integridad personal y a la justicia de las personas que laboran en la sonda petrolera, contratadas por las compañías privadas a las que Pemex les ha encargado obras de exploración y de extracción de hidrocarburos.

Recordó que el año pasado un grupo de legisladores visitó la sonda de Campeche, donde Pemex cuenta con más de 100 plataformas marítimas en las que trabajan 13 mil 500 personas, de las cuales únicamente 4 mil 500 tienen contrato con la paraestatal. Ahí, refirió, se pudo constatar la falta de medidas de seguridad y las violaciones a los derechos humanos, ante la complacencia de las autoridades gubernamentales. Afirmó que la ausencia de supervisión permite que ocurran arbitrariedades y que las precarias condiciones de trabajo de los empleados son toleradas por los directivos de Pemex, al grado que la paraestatal no ha rescindido ningún contrato a empresas acusadas de violación de las garantías fundamentales de sus empleados.