■ Detienen al gobernador de Pando; será procesado por la matanza de 25 campesinos

Firman acuerdo base para el diálogo Evo Morales y prefectos derechistas

■ El gobierno boliviano restituirá regalías de hidrocarburos a las provincias opositoras; ambas partes financiarán la Renta Dignidad

■ Sicarios de Brasil y Perú participaron en asesinatos de El Porvenir

Rosa Rojas (Corresponsal y agencias)

La Paz, 16 de septiembre. El presidente boliviano, Evo Morales, firmó esta noche con los prefectos de los departamentos autonomistas de Santa Cruz, Tarija, Beni así como con representantes de Pando, un documento base para instalar el diálogo y lograr un gran acuerdo nacional que solucione la grave crisis política que ha convulsionado al país andino. Horas antes, el gobernador pandino Leopoldo Fernández fue detenido por militares por su presunta responsabilidad en la matanza de 25 campesinos en esa región.

El documento base del acuerdo, que deberá ser ratificado este jueves por Morales y los prefectos de la llamada Media Luna autonomista, considera la restitución a los departamentos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), uno de los detonantes del enfrentamiento actual. Ambas partes se comprometieron a financiar la Renta Dignidad para los ancianos, que hasta ahora se pagaba con el IDH, que estaba fijado en 30 por ciento de las regalías.

Morales se comprometió a no convocar, durante un mes, a un referendo para sancionar la Constitución aprobada en diciembre pasado y frenada por los prefectos derechistas, y éstos aseguraron que se replegarán de las instituciones oficiales tomadas y se levantarán los bloqueos de carreteras.

El cardenal de Santa Cruz, Julio Terrazas, asistió en calidad de testigo a la firma de este acuerdo base, cuya ratificación será pasado mañana en Cochabamba, el cual también especifica que se garantizará la integridad del detenido prefecto de Pando así como de los dirigentes cívicos.

El acuerdo se selló tras una serie de intensas negociaciones. Incluso horas antes Cossío había declarado “agonizante” el diálogo, ante la detención de Fernández, llamado por el pueblo “el cacique de Pando”. El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, el derechista Branco Marinkovic, exigió la liberación inmediata del prefecto, la suspensión del estado de sitio en Pando, decretada el viernes pasado tras la matanza en la localidad pandina de El Porvenir, y convocó a una asamblea de la cruceñidad para determinar las medidas a tomar.

Se acordó además, dijo Cossío, que se buscará esclarecer los hechos que rodearon la matanza en Pando por medio de organismos nacionales e internacionales imparciales y una comisión legislativa, y en caso de que esos organismos establezcan indicios de responsabilidad, se garantiza el derecho al debido proceso.

En cuanto a Fernández, Morales explicó que su detención obedece a una acción legal y constitucional. “No se puede perdonar a quien masacra al pueblo”, sostuvo, y señaló que los prefectos que apoyan al gobernante “defienden esa masacre”, en la que además hubo 25 heridos y 106 desaparecidos. Según informó el fin de semana la agencia Erbol.

Además de Fernández, los militares detuvieron ayer a otras 11 personas relacionadas con la matanza y que fueron enviadas a esta capital.

Morales saludó, por otra parte, el anuncio de la Fiscalía General de la República de que abrió un proceso penal contra el prefecto Fernández por el cargo de genocidio. “Por fin”, dijo, el ministerio público intenta hacer respetar la vida y el patrimonio nacional.

Por lo pronto, el ministro de Gobierno Alfredo Rada aseveró que se confirmó la participación de sicarios provenientes de Brasil y Perú en la matanza de El Porvenir.

Por segundo día consecutivo bajaron de El Alto cientos de manifestantes que condenaron la matanza y exigieron cárcel para Leopoldo Fernández. En dicha masacre murieron tres jóvenes normalistas de La Paz, dos de ellos por herida de bala y el tercero estrangulado, cuyos restos fueron enterrados el lunes.

Otro grupo de manifestantes indígenas bloqueó a punta de chicote durante cinco horas los ingresos a la plaza Murillo, donde se encuentran el Congreso y el palacio de gobierno, para advertir que “no se le ocurra” a presidente Morales liberar a Fernández, mientras líderes civiles del Chaco mantivieron los cierres carreteros que afectan los accesos a Paraguay y Argentina.