■ “Profunda preocupación” del CCE por atentado en Morelia
Toda la fuerza del Estado contra el crimen, exige el sector privado
■ La Coparmex llama a legisladores a acelerar reformas judicial y petrolera
El sector empresarial del país exigió utilizar todos los recursos y la fuerza del Estado en contra del crimen organizado y de quienes atentan contra la paz y la seguridad de los mexicanos.
En nombre del sector privado nacional, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) externó su “más profunda preocupación” por el atentado en Morelia, Michoacán. Dijo que los actuales son momentos para mantener la fortaleza como nación y no doblegarse ante el crimen organizado.
“El acto terrorista perpetrado en Morelia la noche del 15 de septiembre contra gente inocente de la población civil constituye un hecho condenable e intolerable, que demanda todos los recursos, la fuerza del Estado y la unidad nacional para enfrentar a quienes atentan contra la paz y la seguridad de los mexicanos”, dijo el organismo cúpula del sector empresarial.
Destacó que a pesar de la inseguridad y el incremento del crimen organizado, hasta ahora México se había distinguido por ser territorio libre de actos terroristas y, por tanto, “no debemos permitir que ese camino se arraigue y se convierta en una forma más de actuar del crimen organizado”.
Caos y anarquía
Mientras tanto, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Ricardo González Sada, alertó acerca del problema de la inseguridad, que “ha llegado a un punto crítico”. Dijo que para resolverlo es necesario acelerar los trabajos para evitar que la delincuencia y el crimen organizado cumplan sus objetivos de “caos y anarquía” en el país para hacer “más negocio”.
Frente al riesgo que representa para la sociedad la inseguridad, el líder empresarial llamó a los legisladores a avanzar en una reforma “más profunda” en materia de seguridad pública y procuración de justicia, aunque también en otras, como la petrolera y laboral.
“La delincuencia y el crimen organizado hacen más negocio mientras peor vayan las cosas; su ideal es el caos, la anarquía. Esta gente quisiera ser dueña de las policías y de los distintos órganos de gobierno; todo lo que hacen va muy en serio. Su objetivo es que el Estado no trabaje por el bien común, sino para ellos”, dijo González Sada.
La ciudadanía –señaló– debe tomar un papel más activo para enfrentar la delincuencia. Sugirió, por ejemplo, la aplicación de programas de “denuncia segura” o mecanismos de “observación” para asegurar que las autoridades cumplan sus obligaciones.
“Debemos hacer un llamado a senadores y diputados federales para avanzar con mayor rapidez en los pendientes de la agenda legislativa, que es indispensable completar. Este mes arrancó el último año de la actual legislatura y hay que acelerar los trabajos de los cambios necesarios en materia de seguridad pública y procuración de justicia, además de las reformas de la industria petrolera, del sector energético y a la legislación laboral”, añadió.