■ Los gobiernos actúan sólo con base en el clima electoral, asegura
Ineficaz, aumentar penas contra delincuentes: Álvarez Icaza
■ Castigar en el DF robos pequeños con cárcel no los erradicó, afirma
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Álvarez Icaza, aseguró que el endurecimiento de las penas contra los delincuentes “es un dilema extraordinariamente peligroso”, cuya ineficacia ya quedó comprobada en la ciudad de México, pues las reformas al Código Penal del Distrito Federal en 2003, que sancionan con prisión los robos menores, “no contuvieron para nada la delincuencia y sólo lograron colmar de pobres los reclusorios”.
El ombudsman capitalino participó en el primer encuentro internacional para el Fortalecimiento Institucional y Transmisión de Buenas Prácticas entre las Defensorías del Pueblo de Iberoamérica, que se realizó en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Durante su intervención, el ex consejero electoral también se refirió a las condiciones carcelarias de la ciudad de México, donde existe una población de más de 37 mil internos.
Álvarez Icaza refirió ante los defensores del pueblo de diversas partes de Iberoamérica que en el Distrito Federal hay reclusorios con una capacidad para 4 mil 500 internos y actualmente alojan hasta 11 mil personas: “En celdas que era para cuatro personas yo he llegado a contar hasta 48 internos. No hay espacio ni para dormir, los más pobres se amarran a las rejas, e incluso les dicen los murciélagos”.
El titular de la CDHDF advirtió “que los gobiernos actúan sólo con base en el clima electoral” y enfrentan el problema de la inseguridad sin entender que es parte de un proceso integral en el que deben incluirse políticas sociales y económicas.
Con respecto de las conclusiones que se alcanzaron durante el encuentro, la CDHDF, informó que se llegó al consenso de que las defensorías del pueblo “son las primeras puertas de acceso de la ciudadanía en sus reclamos por una mejor calidad de vida”, además de que se planteó la necesidad de que dichos organismos interactúen con las distintas instituciones del Estado para conocer los problemas de la gente.