Europa debe ratificar convención sobre migrantes

En el Foro Social, relator de la ONU critica a España por apoyar la “directiva de retorno”

Armando G. Tejeda (Corresponsal)

Madrid, 12 de septiembre. En el segundo día de debates y análisis del tercer Foro Social Mundial de Migraciones (FSMM), que se celebra en la localidad madrileña de Rivas Vaciamadrid, una antigua reivindicación, tan vigente como hace unos años, se ha convertido en uno de los reclamos prioritarios del encuentro: exigir la ratificación por los países europeos de la convención de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos humanos de los trabajadores migrantes. A pesar de que este protocolo internacional pugna por garantizar los derechos básicos de más de 200 millones de personas, ningún país desarrollado lo ha firmado.

El mexicano Jorge A. Bustamante, relator especial de la ONU para los derechos humanos de los migrantes, visitó por primera vez durante su mandato el FSMM, lo que despertó enorme interés entre los más de 2 mil delegados y una enorme expectativa sobre su mensaje. El jurista nacido en Chihuahua expuso la situación de la migración mexicana en Estados Unidos como una de las más numerosas y, al mismo tiempo, una de las que más sufre los estragos de la vulneración de los derechos más elementales.

Sin embargo, Bustamante señaló que una de las prioridades de la sociedad civil –aseguró esto “a título personal”– debería ser denunciar los actos de represión, humillación, vejación y vulneración sistemática de millones de personas que emigran en el mundo; lo mismo en México –“donde con vergüenza tengo que decir que los mexicanos los tratamos peor de lo que nos tratan a nosotros en Estados Unidos”– que en Europa –“donde se vive un retroceso preocupante”.

Así, Bustamante retomó una de las reivindicaciones hechas en anteriores foros y que ha sido, a la vez, una de las principales banderas durante su mandato: “hay que reclamar a todos los países, pero sobre todo a los desarrollados, que son los que más población migrante tienen, que ratifiquen la convención de la ONU para los derechos humanos de los migrantes”.

Con toda seguridad, de este tercer FSMM habrá al menos dos conclusiones claras y refrendadas por los más de 2 mil delegados procedentes de 90 países: intensificar la presión y los actos reivindicativos para que los gobiernos de Europa rubriquen una normativa como la redactada por la ONU, que iniciará con un reclamo expreso al gobierno del país anfitrión, España, donde el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero ha dado un viraje inesperado y “preocupante” en asuntos migratorios.

La segunda cuestión será la repulsa unánime y sin paliativos en lo que la mayoría de los asistentes consideran “una de las principales amenazas” contra el colectivo: la temida “directiva de retorno”, también conocida como “directiva de la vergüenza”, refrendada por los 27 países de la Unión Europea y que contempla medidas que criminalizan la migración “ilegal” y autorizan confinamientos hasta de 18 meses a personas “sin papeles”.

“Es una incongruencia que el gobierno español haya aprobado esta directiva, que es un retroceso, una escalada de la criminalización de los migrantes, que no son criminales. Se trata de una vuelta atrás en las conquistas de los derechos de los migrantes que se habían alcanzado. Además hubo un tiempo en el que España fue un país de emigración y muchos fueron víctimas de abusos. Debería hacerlo (firmar la convención) en recuerdo del beneficio que recibió de esos migrantes. España tiene que hacer honor a ese papel que ha tenido en defensa de los derechos de los inmigrantes”, afirmó Bustamante.

Precisamente una de las críticas más duras y sentidas han sido contra el gobierno español, que tras la primera relección de Rodríguez Zapatero ha experimentado un viraje en su política migratoria: de autorizar una regularización masiva de más de 500 mil personas y tejer acuerdos multilaterales para la contratación de trabajadores en sus lugares de origen ha pasado a alinearse con el sector más duro de Europa: con la firma de la “directiva de retorno” ha endurecido su control fronterizo, tanto en aeropuertos como en sus costas limítrofes con África y, por último, está preparando una reforma legislativa para ampliar de 40 a 60 días el periodo de reclusión de migrantes sin documentos.

Un contrapunto al discurso cerril europeo en migración lo puso Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador, quien explicó que una de las principales novedades de la nueva Carta Magna –que se votará en referendo el próximo 28 septiembre– incluye por primera vez el principio de la ciudadanía universal y garantiza tanto el libre tránsito como el compromiso de respetar todos los derechos de los migrantes. Asimismo, Ecuador aspira a convertirse en el primer país de América Latina cuyos migrantes podrán elegir a sus representantes políticos directos en los comicios, ya que se contempla un cupo de parlamentarios votados por los ciudadanos ecuatorianos residentes fuera del país. “Esta iniciativa nació por el compromiso del presidente Rafael Correa y de su movimiento, Acuerdo País, de establecer como Quinta Región a todos nuestros compatriotas en el exterior”, señaló.

Por último, Claudine Blasco, miembro del Consejo de Asociación para la Fijación de Impuestos en las Transacciones Financieras para Ayudar a los Ciudadanos y observadora de la ONU, reclamó “más voz” para el conjunto de la población migrante en el mundo con el fin de “tener el poder de cambiar las cosas”, para lo que señaló como paso previo e indispensable su entrada en política, tanto mediante leyes que garanticen su derecho al voto como con la incorporación de los propios migrantes a la lucha social y política. Asimismo, puso sobre la mesa una de las ideas que se repiten con más insistencia en el foro: las remesas que aportan los migrantes a las economías de sus familias representan “el primer motor para luchar contra la pobreza y triplica al de ayuda para el desarrollo” de los países ricos.