De la represión a la prevención
El incremento en los índices de criminalidad y el grado escandaloso de impunidad que en los últimos años se ha vivido han provocado el reclamo social. Frente a ello, la respuesta de los gobiernos en todos los niveles ha sido siempre la misma: más armas, más policía, más represión, más endurecimiento de penas.
Así lo demuestra el incremento porcentual del presupuesto que la administración pública federal pretende se otorgue el próximo año, para “asegurar la viabilidad del Estado y de la democracia”: Secretaría de Marina, 17.7 por ciento (2 mil 374.5 millones de pesos); Secretaría de la Defensa Nacional, 16.1 por ciento (7 mil 562.3 millones); Procuraduría General de la República, 35.4 por ciento (3 mil 297.9 millones), y la Secretaría de Seguridad Pública federal, 57 por ciento (11 mil 244.3 millones de pesos). Mientras que Educación sólo recibe un incremento de 6 por ciento; Salud, 10.4 por ciento, y Desarrollo Social, 25 por ciento.
Por el contrario, el gasto dedicado al campo presenta un retroceso de menos 5 por ciento, lo que significa una igualmente escandalosa reducción de 3 mil 233 millones de pesos. Por ello la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática ha venido trabajando diversas iniciativas que atienden de manera integral los problemas de la justicia y de la seguridad pública.
En esta ocasión me limito a lo que podríamos considerar como sus pilares: la prevención del delito y el acceso efectivo de los habitantes del país a la justicia. La prevención, en efecto, debe estar basada en primer lugar en la detección y erradicación a tiempo de los factores de riesgo que generan la delincuencia, así como en la atención integral a las víctimas, la participación ciudadana y la reinserción social de los transgresores.
El acceso efectivo a la justicia tiene que ver por su parte con la creación de un sistema de defensa de calidad, que incluya la orientación, la asesoría jurídica y la defensa ante los tribunales de las personas que por cualquier razón se encuentren en desventaja con su contraparte. A lo que habría que añadir la regulación de los medios alternativos de solución de conflictos que privilegien los arreglos reparatorios, antes que la contienda ante los tribunales.
La iniciativa de Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que prepara esa bancada establece que las acciones y programas que se implementen en los tres ámbitos de gobierno en materia de prevención deberán estar enfocados al desarrollo integral de niños, niñas, jóvenes, mujeres, personas con capacidades diferentes, pueblos indígenas, adultos mayores, así como de cualquier grupo social que se encuentre en situación de desventaja por su orientación sexual, origen étnico o racial, nivel socioeconómico, edad o cualquier otra circunstancia. Deben igualmente estar enfocados a abatir el analfabetismo y a proporcionar a todos una educación de calidad; al ejercicio efectivo del derecho a la salud; a la promoción del empleo productivo; a disminuir la pobreza y erradicar la pobreza extrema; a promover la cultura de la paz y de una vida libre de violencia, y a promover la cultura de la legalidad y del respeto a los derechos humanos.
De manera particular, se señala como obligación de las procuradurías de Justicia y las secretarías de Seguridad Pública, o sus equivalentes, en la Federación y en las distintas entidades de la República, que deben implementar acciones específicas para prevenir la delincuencia infantil y juvenil; erradicar la violencia, especialmente la ejercida en contra de la niñez y la juventud, las mujeres indígenas y los adultos mayores, y prevenir la violencia generada por el uso de las armas, las drogas y el consumo abusivo del alcohol.
Finalmente, la participación de la sociedad civil será, sin duda, un elemento importante de la efectividad de las acciones y programas en materia de prevención. Ésta de manera igualmente integral en la iniciativa se plantea en los siguientes aspectos: diseño, implementación y evaluación, con efectos vinculantes esta última para las autoridades.
Por lo que hace al acceso a la justicia, se propone la creación de un Instituto Federal de Acceso a la Justicia, en el que se den servicios de calidad, para proporcionar información, asesoría jurídica y defensa a la población que así lo requiera, eliminando los obstáculos que le impiden defenderse. Lo cual en mi opinión implicaría la reforma del actual Instituto de Defensoría Pública Federal, dotándolo de mayores recursos y autonomía, pues se debe recordar que dicha institución ha mejorado ampliamente hasta ahora la calidad de la defensa que proporciona, aunque se enfrenta a los retos que todavía tiene de la dependencia del Poder Judicial de la Federación y la excesiva carga de trabajo.
Se plantea, además, el litigio estratégico como medida para llevar ante los tribunales nacionales o internacionales asuntos cuya resolución pueda conseguir la ampliación de la protección de los derechos de los habitantes del país. Cambiar paradigmas no es sencillo, y no se lleva a cabo de manera inmediata. Así lo demuestra la experiencia que se tiene en la lucha por la igualdad de las mujeres. Por lo que desde hoy es urgente comenzar a realizar este cambio.