■ Los secretarios confían en que se logre depurar el sistema de seguridad

Todas las policías, infiltradas por la delincuencia: Mouriño y García Luna

■ El caso Martí refrenda la convición de limpiar las corporaciones, sostienen en conferencia

Fabiola Martínez

Los titulares de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) federal y de Gobernación manifestaron ayer que las corporaciones policiales del país están infiltradas por la delincuencia, y confiaron en que el nuevo esquema, el cual incluye controles de confianza (exámenes obligatorios a todos los policías), logre depurar al sistema de seguridad y procuración de justicia.

“Respecto a que hay delincuentes infiltrados en las policías, pues sin duda. Una apuesta del crimen ha sido infiltrar a las policías. Hemos encontrado referencias importantes donde ellos intentan en todo momento cooptar, corromper o inclusive intimidar a los policías”, señaló el titular de la SSP federal, Genaro García Luna.

En tanto, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, señaló: “Hemos partido de un diagnóstico que admite que las propias corporaciones policiales están penetradas y que, por tanto, tenemos que someter a controles de confianza (…) y dar señales que el Estado no será permisivo ante aquellos que se vinculen con la criminalidad”.

Respecto del caso del secuestro y asesinato del joven Fernando Martí, García Luna indicó que Lorena González Hernández, una de las principales implicadas, sí tiene una plaza vigente como policía en la Agencia Federal de Investigación (AFI) y que hasta su aprehensión se encontraba con personal en activo, con “derechos ganados” por estar en el periodo de exámenes para acreditar su cambio a lo que se pretende sea la nueva policía federal.

Rechazó que la presunta secuestradora esté relacionada con Luis Cárdenas Palomino, coordinador general de Inteligencia para la Prevención, o con el subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial, Facundo Rosas. El funcionario argumentó que la “confusión” se originó porque ambas instancias compartían el mismo inmueble.

Negó que la presunta secuestradora, a quien mencionó como “ex agente”, realizara actividades especializadas, de inteligencia o en áreas sustantivas de secuestro, sino en un esquema de transferencia y evaluación para ingresar a la PFP.

Señaló que este caso “refrenda la convicción” de depurar y fortalecer a los cuerpos de policía de los tres niveles de gobierno. Advirtió que en la SSP federal no darán cobijo a quienes no acrediten al menos una parte de los exámenes de control de confianza. Sin embargo, no hizo alusión a los exámenes que ya debieron haberse aplicado a González Hernández, tomando en consideración que el control con polígrafo se ha aplicado cuando menos en dos ocasiones desde la creación de la AFI.

García Luna y Mouriño se reunieron ayer con integrantes de la Comisión de Seguridad de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y después ofrecieron una conferencia de prensa conjunta en la cual reconocieron ampliamente al Gobierno del Distrito Federal por la captura de los integrantes de la banda de La Flor, vinculada al asesinato del joven Martí.

“Nos parece que hay un logro importante (con) la captura de gente peligrosa que dañaba claramente a la sociedad y que tenía y merecía ser capturada (...) Y es por ello que el gobierno federal reconoce el logro de las autoridades capitalinas en esta materia”.

Mouriño afirmó que en la relación entre el gobierno federal y la administración local (a cargo de Marcelo Ebrard) “no cabe ni ideología ni partidismo”, porque el tema de la seguridad es prioritario para ambos gobiernos, de ahí que “no ha habido y no habrá regateo alguno ni diferencia ideológica” que impida trabajar de manera permanente y conjunta.

Dijo incluso que el gobierno capitalino ha contado con apoyo del federal, especialmente para la ratificación de funcionarios del área de seguridad y procuración de justicia propuestos por la administración de Ebrard.

Los funcionarios sustentan la estrategia para combatir al crimen organizado en los compromisos adquiridos el pasado 21 de agosto en el Acuerdo para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, principalmente en la depuración y el fortalecimiento de las instituciones; para ello se planea aplicar exámenes de manera obligatoria (de control de confianza) a cerca de 350 mil personas: evaluación patrimonial, entorno social, sicométrico, poligráfico, toxicológico; incrementar los recursos públicos en programas de seguridad y enviar al Congreso de la Unión iniciativas de reformas en la materia, especialmente acerca de una ley general sobre el secuestro.

Además, mejorar los esquemas para intercambio de información y homologar los sistemas de evaluación y seguimiento, así como un registro nacional de policías, que incluya constancias del entorno familiar, ADN, huellas y registro de voz, entre otras.

La descomposición social fue adjudicada a prácticas añejas, dijo García Luna, de aquella “teoría que refería que era mejor tener delincuentes controlados en las policías”.

Calderón, hasta 2012

Durante la conferencia, un reportero preguntó a Mouriño sobre las versiones de una supuesta intención, adjudicada al movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador, de derrocar al presidente Felipe Calderón.

El secretario respondió: este gobierno fue democráticamente electo para el periodo de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012. Y, en función de ese mandato del electorado y cumplimiento de la ley, estará el presidente Calderón cumpliendo hasta el último día la responsabilidad encomendada y que legalmente compete al periodo presidencial en curso.