■ El Senado cita a comparecer a García Luna y Medina Mora
Carece el gobierno de coordinación para frenar al crimen organizado
La Cámara de Senadores acordó citar a comparecer la próxima semana a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, Genaro García Luna, y de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, así como sostener reuniones “cerradas” con los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina, con motivo del segundo Informe de gobierno de Felipe Calderón.
Durante una reunión de las comisiones unidas de Justicia, Seguridad Pública, Marina y Defensa Nacional para analizar el segundo Informe presidencial, todos los partidos coincidieron en que el gobierno federal “carece de coordinación adecuada y visión integral para resolver el problema del crecimiento de la delincuencia organizada”.
En nombre del PRI, el senador Pedro Joaquín Coldwell subrayó que “lo que está en juego es el colapso del Estado constitucional mexicano; la delincuencia organizada está erosionando las bases del Estado y lo está sustituyendo; eso es gravísimo, es su pulverización”.
El presidente de la Comisión de Justicia, el panista Alejandro González Alcocer, manifestó que “el crecimiento del crimen organizado no empezó hace poco; tenemos décadas de descuido, de corrupción e impunidad en el país. Estamos empezando a llevar el rumbo adecuado justamente con la reforma constitucional; una de las metas es acabar con la impunidad y la corrupción”.
Abundó: “hay coincidencia con todos los grupos (parlamentarios) en que se carece de coordinación adecuada en el gobierno federal y de una visión integral en materia de seguridad pública, y precisamente se empieza a armar en este sexenio con el deseo, de parte del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, de empezar a trabajar otra vez cuestiones que normalmente se dejan de lado o que cada sexenio empiezan de nuevo”.
Defendió la participación de militares y marinos en tareas de seguridad pública. “No nos queda de otra que apostarle al Ejército y a la Armada, porque no ha habido o no tenemos ya esperanza en los cuerpos policiacos, y mientras se depuran y acabamos de organizar esto, como el Centro Nacional de Evaluación y Capacitación, no nos queda otra. Creo que hay que reconocerlo; no es lo deseable, esperamos que pronto podamos salir de esto, pero sin la participación de las fuerzas castrenses hoy estaríamos en condiciones totalmente deplorables o peor de lo que estamos”.
Ricardo Monreal, senador por el PRD, aseveró que “desde el inicio de la administración federal, la Sedena y la Armada son las instancias en las que está recayendo la responsabilidad de combatir al crimen organizado; más de 50 mil efectivos militares, la cuarta parte del Ejército, realizan de manera permanente desde hace 21 meses operativos y acciones en la guerra desatada contra la delincuencia mayor”.
Sin embargo, agregó, pese al esfuerzo de ambas instituciones militares, plenamente reconocido por el PRD, “la actividad delictiva de los cárteles no sólo no ha disminuido sino que se ha incrementado, lo que constituye la mejor prueba de que la política punitiva y militarizante del gobierno federal, basada en el Ejército y la Marina, es un fracaso”.
Joaquín Coldwell señaló que “las respuestas hasta ahora aplicadas han sido notoriamente insuficientes y carentes de una estrategia integral. Sin dejar de reconocer la importancia de la convocatoria a un pacto nacional por la seguridad pública y las aportaciones valiosas de la sociedad civil, los senadores del PRI manifestamos nuestra disposición para realizar un esfuerzo legislativo que contemple una solución de fondo”.
Anunció que el PRI presentará una iniciativa para instituir la “obligatoria y eficiente coordinación en los tres niveles de gobierno; las bases para la creación de un centro de inteligencia con autonomía técnica; las bases y criterios que deben regir la planeación estratégica que el Estado requiere, y medidas para una aplicación eficaz de las penas. Presentaremos una ley antisecuestros que otorgue carácter federal a ese delito y establezca un cuerpo especializado para su combate.
“Propondremos establecer en la Ley Federal de Telecomunicaciones la obligación, a cargo de los concesionarios de telefonía móvil, de llevar un registro de los usuarios de teléfonos celulares; una reforma integral al Ministerio Público para que se transforme en órgano de Estado”. La respuesta del Legislativo, “la tenemos que dar antes del 15 de diciembre”.