■ El problema va más allá de las acusaciones contra algunos grupos de izquierda: analistas
Incidente ferroviario enciende polémica sobre las condiciones del sector en Argentina
■ La infraestructura, destruida luego de las privatizaciones hechas en el gobierno de Menem
Buenos Aires, 7 de septiembre. Fuertes reacciones de diversos sectores sobre las recientes denuncias del ministro argentino de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández señalando a algunas agrupaciones de izquierda como responsables del incendio de ocho vagones de un tren el pasado 4 de septiembre, amenazan con comenzar una semana con planteamientos de los acusados ante la justicia.
Entre ellos está el Partido Obrero, El Movimientos Socialista de los Trabajadores (MST) y Proyecto Sur que encabeza el ex candidato presidencial y cineasta Fernando Pino Solanas.
Los mayores reclamos van más allá de lo que el ministerio pueda presentar como pruebas y los señalamientos se dirigen a las graves condiciones en que se viaja en algunas líneas ferroviarias, privatizadas en los años 90, que cobran suculentos subsidios estatales y que proporcionan un servicio altamente deficiente.
Desde hace 13 años la empresa privada TBA, que controlan Claudio y Mario Cirigliano, reciben estos subsidios, y según algunos informes recientemente recibieron unos dos mil 652 millones de pesos argentinos como subsidio para sus servicios de trenes, subterráneos –donde también enfrentan conflictos constantes– y autobuses en el área metropolitana.
Hay algunos llamados insistentes a la restatización de este servicio público, pero también en este caso, las privatizaciones y concesiones han destruido la gran infraestructura después que en el gobierno de Carlos Menen (1989-1999) se levantaron miles de ramales ferroviarios, constituyéndose en una de las más brutales acciones, ya que acabaron con una red que abastecía a todo el país. Un caso único en el mundo.
Los graves incidentes de la semana pasada, que no dejaron víctimas pero sí la destrucción total de una formación de trenes nuevos, ocurrieron justamente el día en que Solanas estrenaba su película La próxima estación dentro de una serie de documentales que como Memoria del saqueo muestran la abrumadora realidad del país, que a finales de 2001 pareció desmoronarse en la mayor crisis económico-social de su historia.
Solanas también acusa de “continuidad” al actual gobierno y al anterior de Cristina Fernández y Néstor Kirchner, respectivamente, en el caso del servicio ferroviario. Por eso los reclamos llegan desde propios y ajenos.
El analista José María Pasquini Durán señala que el ministro cuestionado parece fingir desconocer “cuáles son las condiciones que reciben los usuarios a cambio del retoque en las tarifas (como sucedió en 2007) y a los suculentos subsidios estatales”.
El especialista Norberto Rosendo, citado por Página 12, establece que por más que el Estado “invierta en infraestructura y se incorporen trenes mejor equipados, si los concesionarios no cumplen su parte para mantenerlos y si no se los controla ni sanciona, las prestaciones seguirán siendo deficientes”.
Otros analistas mencionan que los concesionarios recortan gastos en mantenimiento para maximizar ganancias y que el Estado “en lugar de penalizar esas conductas las tolera”. En el año 2002 el ex presidente Eduardo Duhalde declaró la emergencia ferroviaria que nunca se ha levantado.Y esto agrava la situación.
Desde el campo popular se analiza también que “más allá de que haya habido o no sabotaje”, si con tanta facilidad prende el descontento hay que analizar los graves problemas prexistentes.
Para Emilio Pérsico, del Movimiento Evita, que apoya al gobierno, señala que el transporte está saturado considerando que la infraestructura no creció al mismo ritmo que crece, “por ejemplo el empleo”. Estima que los defensores del neoliberalismo pensaban el transporte para cinco millones de trabajadores y ahora aumentó a diez millones.
También otra figura de movimientos populares cercana al gobierno como es el diputado Edgardo de Petris señala que hay irresponsabilidad en los concesionarios y esto hace que la gente viaje “como ganado” y coincide que no es lo mismo el transporte ferroviario “con un país en crecimiento y que se moviliza más ahora, que cuando los trenes iban vacíos por la falta de trabajo”.
Otros señalan que Aníbal Fernández no puede usar argumentos de “triste memoria” y advierten el grave malestar por las condiciones en que viajan miles y miles de personas, lo que ha originado varias rebeliones y esto alienta a quienes quieren encender los fuegos. Y tienen una realidad para hacerlo.
Hay quienes señalan incluso a las huestes del ex presidente Eduardo Duhalde y otros sectores de derecha, como algo similar a los saqueos que comenzaron siendo armados en 2001 por una mano negra, pero muchos prendieron en las urgentes necesidades de una población desesperada.
El mismo Pasquini analiza que es factible que hubiera algunos grupos trostkistas preparados para la agresión, pero lo que “nadie puede desconocer, y el gobierno menos que nadie es el descontento generalizado entre los usuarios y la contribución diaria del servicio al malhumor colectivo”.
También se pregunta si en este caso hay activistas “de segunda”, al recordar los piquetes de la Mesa de Enlace de las cuatro entidades patronales del campo que mantuvieron un paro indefinido de más de tres meses y cortaron carreteras esenciales, desabasteciendo al país, pero “jamás fueron acusados por el mismo ministro, pese a las violaciones a la ley y a la seguridad interior, sin respeto por las normas vigentes”
Ante el fuerte debate, el mismo analista advierte que también el “tipo de ficción” que subsiste en las acusaciones del ministro es “peligroso de verdad pero no por lo que puede hacer la izquierda (minoritaria), sino porque alienta a la derecha para que siga empujando” los malestares y trate de ganar en territorios abonados.