Editorial
Más nubarrones económicos
La intervención de las corporaciones hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac por el gobierno estadunidense, anunciada ayer por el presidente George W. Bush, es una noticia preocupante para ambos lados del Río Bravo, no sólo porque constituye un indicador alarmante del calado de la crisis que afecta al país vecino, sino también porque deja ver la estrategia que la Casa Blanca parece dispuesta a aplicar para enfrentarla: socializar los pasivos privados e imponer así una carga al presupuesto público que tendrá consecuencias recesivas adicionales.
Ha de señalarse que la colocación de ambas firmas bajo el control del poder público no significa el mero tutelaje de sus operaciones; aunque el Departamento del Tesoro aseguró que los contribuyentes no cargarán con las pérdidas, el hecho es que empezó a adquirir acciones de las empresas intervenidas, lo que hace inevitable una nacionalización de sus pasivos.
Los quebrantos de ambas compañías (unos 14 mil millones de dólares) representan, inclusive para la economía de Estados Unidos, una cifra colosal, por más que resulte inferior a la deuda procedente del Fobaproa que el gobierno de Ernesto Zedillo impuso al conjunto de los mexicanos (56 mil millones de dólares) en una operación de “rescate” de entidades privadas similar a la que ahora se aplica en Washington. Sin embargo, en circunstancias en las que casi 10 por ciento de las familias que han contratado una hipoteca no logran mantenerse al corriente en sus pagos, nada garantiza que el monto original de los pasivos no se incremente, especialmente cuando la inflación alcanza máximos históricos: más de 5.5 por ciento en los 12 meses recientes, la mayor tasa de las pasadas dos décadas.
Si a ello se añade que tanto el candidato republicano a suceder a Bush, John McCain, como su rival demócrata, Barack Obama, manifestaron estar de acuerdo con la medida, ello podría significar una contracción en el gasto público del país vecino, lo que haría más lenta la recuperación de la economía, urgida de la inyección de capitales en sectores productivos.
Ante los barruntos de catástrofe que se presentan en el panorama financiero estadunidense, resulta inaceptable la falta de previsión y de estrategia de las autoridades mexicanas, las cuales no quisieron tomar en serio los primeros indicios de la recesión hoy en curso. En prácticamente todos los ámbitos, en vez de fortalecer la economía nacional, se optó por debilitarla de múltiples maneras: desatando desde el mismo seno del gobierno factores inflacionarios como las alzas generalizadas a las tarifas del sector público –gas, gasolina, electricidad–; debilitando a los productores agrícolas nacionales por medio de la apertura indiscriminada a alimentos foráneos y el otorgamiento de subsidios fiscales que benefician a los productores extranjeros y a los intermediarios; continuando políticas de contención salarial particularmente agraviantes en un entorno de reactivación inflacionaria y, por si algo faltara, obstinándose en transferir a manos privadas los tramos más lucrativos de la industria petrolera nacional, que constituye la principal fuente de recursos del sector público.
La ausencia de rumbo y de sentido nacional en el manejo económico se ponen de manifiesto en fenómenos tan aberrantes como la escalada de incrementos en el precio de las gasolinas en el mercado interno, justo en momentos en que, en el mundo, las cotizaciones del crudo empiezan a disminuir.
Resulta inevitable reiterar que el manejo económico oficial lleva a México por rumbos de catástrofe, y no necesariamente a largo plazo: el auge actual de la criminalidad y de la violencia que padece el país es, en buena medida, consecuencia de los acumulados de pobreza, desempleo, marginación y desintegración social que ha generado el modelo económico aún en vigor. Es preciso cambiar de rumbo y poner la gestión económica al servicio de la población, no de los intereses financieros.