México SA
■ También en los ingenios la tónica es socializar las pérdidas y privatizar las ganancias
■ Gobiernos priístas y panistas cobijan a los industriales de siempre
En el cuento de nunca acabar, un nuevo “acuerdo coyuntural” entra al “rescate” –por enésima ocasión– de los barones del azúcar, el cual, como es costumbre, involucra recursos públicos para proteger intereses privados. Aún se desconoce, a detalle, el costo que para el erario implicó, implica, la “expropiación” de 27 ingenios azucareros ordenada por Vicente Fox el 3 de setiembre de 2001, cuando ya opera un “salvamento” adicional en este sector que destaca por ser uno de los barriles empresariales sin fondo que agobian a las finanzas nacionales.
Se trata del clásico “problema de coyuntura” (socializar pérdidas y privatizar ganancias) que acumula varias décadas. Los barones de la industria azucarera (muchos de ellos, también, de las bebidas “refrescantes” y de la “panadería industrializada”) son participantes destacados y recurrentes en el privilegiado cuan costosísimo circuito estatización-privatización-reestatización-reprivatización (etcétera, etcétera) practicado por gobiernos tricolores y blanquiazules, que al erario no sólo le ha significado un severo dolor de cabeza (por no hablar de ronchas en sagradas partes), sino una permanente sangría de recursos en detrimento de ya saben quiénes.
En su edición de ayer, La Jornada denunció que “un ‘programa de apoyo coyuntural’ a la industria azucarera fue acordado este miércoles (3 de septiembre, séptimo aniversario de la “expropiación” foxista de 27 centrales azucareras privadas, quebradas y con multimillonarios adeudos al erario, que sólo se prolongaría, “como máximo”, 18 meses) por el gobierno federal, productores de caña y dueños de ingenios. El acuerdo incluye la utilización de recursos públicos por mil 600 millones de pesos y fondos privados por 2 mil 200 millones para compensar a los productores ante la caída en los precios internos del dulce. ‘No es un subsidio ni un salvavidas’, declaró Juan Cortina Gallardo, presidente de la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera. ‘El gobierno entendió que era difícil bajar el precio que se paga a los productores de caña, reconoció la realidad social y se llegó a un acuerdo en el que todos ponen para encontrar soluciones de largo plazo… y con el coyuntural de hoy (ayer) va a haber posibilidades de que la industria azucarera crezca y sea rentable’, aseguró el empresario” (Roberto González Amador).
En nombre de la “coyuntura”, las “soluciones de largo plazo” y la “rentabilidad”, los barones de la industria azucarera, entre otros, han sido “rescatados” en innumerables ocasiones por priístas y panistas, mientras las facturas correspondientes han corrido, corren, por cuenta del bienestar de millones de mexicanos, quienes no sólo pagan las voluminosas deudas de tan eficientes señores, sino la perenne creación de onerosas cuan inoperantes estructuras burocráticas.
“Rescates” y “salvamentos” de todos colores y sabores se registran desde, cuando menos, la “institucionalización revolucionaria”. Por ejemplo, en el periodo 1967-1982 los barones del azúcar pidieron auxilio, y lo obtuvieron, de tal suerte que el gobierno federal adquirió un número creciente de obsoletos ingenios privados en quiebra, incrementando así, de manera sostenida, su participación en la producción de azúcar: en 1967, llegó a representar 14 por ciento del total nacional; en 1982, el 72 por ciento. Las finanzas nacionales asumieron pasivos, corrigieron ineficiencias, lavaron y plancharon, para que finalmente los gobiernos de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari (“procedemos con la firme determinación de mi gobierno de iniciar un proceso modernizador dentro de la industria azucarera, que revierta el deterioro en que ha caído y haga resurgir a este sector para recuperar niveles de exportación”) los reprivatizara, limpios y cristalinos, a los mismos barones del azúcar que habían solicitado el auxilio.
Esos mismos endulzados señores de nueva cuenta fueron “rescatados” por el señor del “bienestar de la famiglia”, Ernesto Zedillo, por medio del “Programa de Reestructuración Integral del Sector Azucarero”, que sólo sirvió para limpiar las finanzas de los ingenios azucareros privados y cargarle la cuenta al erario, por medio de Financiera Nacional Azucarera, la que finalmente entró en proceso de disolución y liquidación. Poco antes de dejar Los Pinos, el que no tenía cash ordenó al Bancomext entregar 400 millones de dólares a los barones del azúcar, en calidad de “apoyo coyuntural”.
Por aquellos ayeres, algunos diputados panistas no sólo reclamaron por la cadena de “rescates” y “salvamentos”, sino que acusaron a Salinas de Gortari y a Zedillo de “recibir financiamientos de los industriales del azúcar para el desarrollo de sus respectivas campañas políticas a la Presidencia de la República”. Pero se vieron en la penosa necesidad de meterse la lengua donde encontraran, porque llegó el “cambio”, con Vicente Fox y su decreto “expropiatorio” de 27 ingenios cuyo mejor tino fue asumir los multimillonarios pasivos de los barones del azúcar, quienes, dicen, también inyectaron dinero a la campaña política del guanajuatense.
Aquel 3 de septiembre de 2001, se ofreció una conferencia de prensa por los secretarios de Hacienda (Paco Gil), Contraloría (Pancho Barrio), Economía (Luis Ernesto Derbez) y Agricultura y conexos (Javier Usabiaga), en la que se “explicó” las “razones” y “alcance” de la expropiación. De ella rescatamos las siguientes frases célebres: “la acción busca proteger a la industria azucarera nacional, para que dichas centrales no sigan siendo un hoyo negro… se trata de una estatización transitoria… la decisión es para contribuir al funcionamiento eficaz del mercado y para hacer de esta actividad una fuente económica de provecho social y no de beneficio individual…. dudo mucho que al final del proceso tengamos que pagarle algo a algún accionista de estos ingenios; por el contrario, buscaremos que paguen sus adeudos… esos consorcios se reprivatizarán en un plazo no mayor a 18 meses… el saneamiento de los ingenios tendrá un costo de entre mil y 3 mil millones de pesos, aunque no será precisamente un gasto”. Por aquellas fechas, el entonces subsecretario de Hacienda, Agustín Carstens, aseguraba que “la sociedad no pagará nada”. De hecho, sostuvo, “se podría decir que es una operación con precisión quirúrgica”.
Pues bien, el nuevo “rescate” disfrazado de “expropiación” costó 15 mil 591 millones (hasta 2005), de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró (2006) inconstitucional el decreto foxista.
Y ahora con ustedes, la “continuidad” y su “apoyo coyuntural.
Las rebanadas del pastel
Un abrazo y mi profundo agradecimiento a maestros y estudiantes de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN por su generosidad y cálida recepción.