Usted está aquí: jueves 4 de septiembre de 2008 Política Representantes indígenas de Chiapas exigen la liberación del profesor Alberto Patishtán

■ Testimonios que demuestran su inocencia no han sido tomados en cuenta por las autoridades

Representantes indígenas de Chiapas exigen la liberación del profesor Alberto Patishtán

Hermann Bellinghausen

En una inusitada declaración colectiva, decenas de representantes indígenas del municipio El Bosque, en los Altos de Chiapas, demandaron la libertad del profesor Alberto Patishtán Gómez, preso desde hace ocho años, y actualmente miembro y vocero de la organización la Voz del Amate. Aunque su caso ha sido ampliamente documentado como una revancha política del ex presidente municipal priísta Manuel Gómez Ruiz, con el respaldo al menos tácito del ex gobernador interino Roberto Albores Guillén, Patishtán permanece privado de su libertad desde junio de 2000.

Comisariados ejidales y de bienes comunales, representantes de la Confederación Nacional Campesina (CNC) y la CIOAC, colectivos y cooperativas de productores y artesanas, las iglesias adventista y bautista, grupos magisteriales y agrupaciones barriales reunieron de nueva cuenta los testimonios exculpatorios que las autoridades judiciales se han negado sistemáticamente a tomar en cuenta.

Acusado de ser autor intelectual y material de una emboscada donde murieron varios policías estatales el 12 de junio de 2000, Patishtán fue detenido por la Procuraduría General de la República (PGR) una semana después de los hechos. Las acusaciones, desproporcionadas e insostenibles, se han mantenido todo este tiempo en una mezcla de mala fe y negligencia, permitiendo además que los verdaderos criminales sigan impunes. Desde el primer momento, la población de El Bosque manifestó su respaldo al acusado, pero fue desatendida.

Revisión de expedientes

Originalmente de filiación priísta, y ahora adherente de la otra campaña como parte de la Voz del Amate, Patishtán ha tenido siempre la simpatía de sus paisanos y sus compañeros maestros. En el contexto de la actual revisión de expedientes de los presos políticos en penales chiapanecos, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas ha señalado que el caso de Patishtán es más difícil, pues fue condenado por cargos federales, lo cual limita las atribuciones del gobierno estatal para otorgarle la libertad.

Como se sabe, en meses recientes salieron libres 40 personas, luego de movilizaciones locales e internacionales, y protestas dentro de los penales que incluyeron una huelga de hambre en marzo pasado, en la cual participó Patishtán.

La declaración colectiva de organizaciones del municipio tzotzil refiere que Patishtán fue aprehendido en la cabecera municipal de El Bosque cuando se dirigía a su trabajo en el albergue estudiantil La Corregidora, en Huitiupán, el 19 de junio de 2000. Se le acusó, sin pruebas, de portar armas de uso exclusivo del Ejército y del asesinato de policías, que en realidad fue obra de una banda criminal y paramilitar que por entonces operaba en la región limítrofe entre los Altos y la zona norte. Esta banda “nunca existió” oficialmente, pues la fiscalía especial de la PGR creada tras la masacre de Acteal fue incapaz de probar la existencia de ese ni de ningún otro grupo civil armado en la región.

Los declarantes reiteran ahora que el “verdadero delito” de Patishtán fue participar, “con el pueblo”, en la elaboración de actas de acuerdo por la inconformidad contra la “mala administración” del entonces alcalde Gómez Ruiz. El único testigo presencial de la emboscada, sobrino de Gómez Ruiz, y de nombre Rosemberg, a la sazón de 16 años, ha reconocido varias veces (aunque no ante el juez) que fue obligado por su tío a acusar a Patishtán, y “premiado” con una camioneta por hacerlo.

El documento de los indígenas cita tres testimonios exculpatorios que confirman que Patishtán no estuvo en el lugar de los hechos, sino cumpliendo con sus funciones como profesor. Uno, del supervisor escolar de la zona 204 de Huitiupán, Sixto Juan Díaz Díaz; otro de Mario López Martínez, representante de la sección sindical magisterial D-I-102, y otro más de Juan López Pérez, presidente del comité del albergue La Corregidora. Estos testimonios nunca han sido considerados por las autoridades.

 
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