■ Temor entre trabajadores ante despidos de directivos afines a Carlos Briseño Torres
Impasse jurídico alimenta la crisis institucional en la UdeG
■ Esperará el gobierno de Jalisco resolución del juez; la institución “no puede estar sin rector”
■ El destituido anuncia una campaña contra cacicazgos y corrupción durante lo que resta del año
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El depuesto rector de la Universidad de Guadalajara, Carlos Briseño Torres, festeja con un grupo de simpatizantes luego de reunirse con el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez. El funcionario confió en que los tribunales fallarán en su favor y será restituido definitivamente en el cargo
Foto: Arturo Campos Cedillo
Guadalajara, Jal., 2 de septiembre. A la espera de que el juez tercero de distrito en materia administrativa de Jalisco, Héctor Martínez Flores, defina si procede el amparo definitivo contra la destitución de Carlos Briseño Torres como rector general de la Universidad de Guadalajara (UdeG), o valida la designación del sustituto, Marco Antonio Cortés, la máxima casa de estudios del estado continúa en una crisis institucional.
En el inicio de lo que se vislumbra como un largo proceso judicial, ambos bandos afinan estrategias jurídicas en previsión de que un tribunal colegiado de distrito resuelva la pugna.
Mientras, entre los trabajadores universitarios prevalece la incertidumbre debido a los despidos de algunos jefes de unidades y departamentos administrativos, particularmente en áreas donde había funcionarios ligados al grupo briseñista, como la oficina del abogado general, comunicación social y la vicerrectoría.
Reconocen pasado porril
Mayo Ramírez Gutiérrez, presidente estatal de la Fundación Carlos Ramírez Ladewig e hijo de Álvaro Ramírez, hombre fuerte de la UdeG hasta que llegó a la rectoría Raúl Padilla López –de quien fue mentor–, aseguró: “Quienes hoy acusan de porrismo a la Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEG) olvidan que fueron parte de sus filas, y los que mataron y robaron ahora son funcionarios de primer nivel”.
El ex integrante de la FEG afirmó que ante ese “pasado negro que nos endosan, que sí fue cierto, se les olvida que ahí estaban, con Raúl Padilla, el actual secretario general, José Alfredo Peña; el propio Tonatiuh (Bravo Padilla), además de Carlos Briseño Torres, porque hay cientos de funcionarios y consejeros universitarios que militaron en la FEG”.
Sin embargo, insistió en que “han abusado, son muchos años, y los universitarios, la comunidad y la propia sociedad ya están hartos del férreo control que ejercen Padilla López y su grupo”, por lo que la “era de Raúl Padilla en la UdeG está llegando a su fin”.
Por su parte, Briseño Torres afirmó que la meta de la UdeG es “acabar con todo cacicazgo institucional”, por lo que, aseguró, se prepara para una lucha de “meses, quizá lo que resta del año, pero estamos decididos a acabar con toda la corrupción que por años ha mermado a la universidad”.
Confiado en que el Poder Judicial “acabará dándonos la razón, porque no existe ninguna causa grave para mi destitución”, destacó: “Quienes pretenden acabar con la UdeG son quienes se niegan a que abramos las cuentas de la institución a las auditorias, porque saben que tocamos intereses muy poderosos. Ésa es la resistencia que enfrentamos”, aseguró.
Por la mañana, el gobernador Emilio González Márquez recibió a Briseño en Casa Jalisco, como la tarde del día anterior lo hizo con el sustituto, Cortés Guardado. Sin embargo, el Ejecutivo insistió en reconocer a este último, en espera de la resolución del juez Héctor Martínez Flores, quien la tarde de ayer fijó un plazo de 72 horas para convocar a las partes a una audiencia.
Fernando Guzmán Pérez Peláez, secretario de Gobierno, señaló que el gobierno estatal trabajará con el rector que determine el Poder Judicial, y agregó que la UdeG “no puede estar sin rector”.
Mientras, en respuesta a seguidores de Briseño Cortés que lo acusan de cabildear en favor de Cortés Guardado ante instancias federales, el presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y consejero de la UdeG, Tonatiuh Bravo Padilla, cercano al grupo padillista, no negó estas afirmaciones y señaló que, en todo caso, ese apoyo sería congruente con su voto en el consejo universitario. “Que yo promueva que alguien sea recibido no es delito”, sostuvo.