■ Reitera La Paz su intención de continuar con la aprobación de la nueva Constitución
La Corte Electoral se subordinó a la derecha al frenar el referendo, acusa Evo Morales
■ Ordena el presidente boliviano protección militar para las oficinas públicas y los campos petroleros
La Paz, 2 de septiembre. El presidente de Bolivia, Evo Morales, acusó este martes a la Corte Nacional Electoral (CNE) de haberse “subordinado” a la derecha opositora, al frenar el referendo convocado por decreto para el próximo 7 de diciembre con el fin de aprobar la nueva Constitución, informó aquí la agencia Abi.
Con esta decisión, lo que se busca es “perjudicar el proceso de cambio”, afirmó el gobernante indígena, en referencia su política estatista, que es resistida por prefectos (gobernadores) y líderes civiles opositores de cinco de los nueve departamentos.
El pasado lunes, la CNE rechazó organizar el referendo después de argumentar razones legales. “Se requiere una convocatoria por parte del Congreso Nacional mediante una ley de la república” para realizar los plebiscitos, puntualizó José Luis Exeni, presidente del organismo electoral.
Junto con la consulta sobre la nueva Constitución, Morales también convocó, la semana pasada, a elecciones para elegir a subprefectos de provincias, consejeros civiles que fiscalizan a los nueve prefectos y a los prefectos de Cochabamba y La Paz que fueron revocados en la consulta del agosto, así como para decidir la extensión máxima de las propiedades privadas (de 5 mil a 10 mil hectáreas).
El mandatario, de visita oficial en Irán, lamentó que la decisión de la CNE la haya tomado “subordinándose a la derecha neoliberal, porque cuestionar y hacer una auditoría respecto del padrón electoral es una medida a pedido de la derecha, de los prefectos que obedecen a intereses de grupos y no del pueblo boliviano”.
Morales no detalló las futuras acciones del gobierno, pero remarcó que se sentía fortalecido por el 67.4 por ciento de respaldo electoral que obtuvo en un referendo de mandatos realizado el pasado 10 de agosto, consulta que consideró un llamado para continuar su “revolución” de línea indigenista y socialista.
Mientras, en la Paz el gobierno reiteró su intención de continuar con la aprobación de la nueva Constitución. El Ministro de Defensa Legal, Héctor Arce, afirmó que la comunicación que envió la CNE al presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, no es documento jurídico, no genera ningún efecto vinculante y no puede, aunque pretenda, suspender la ejecución de los actos eleccionarios y refrendatarios convocados legal y legítimamente por el presidente de la república”.
Añadió que la CNE no puede suspender los referendos y está obligada a seguir administrando el proceso comicial. “Es importante considerar que en un estado de derecho quien incumple deliberadamente el mandato de la ley es pasible a las sanciones que el mismo sistema jurídico establece”, advirtió el ministro.
Arce sostuvo que el presidente Morales sólo fijo la fecha de un referendo que, según el gobierno, ya estaba convocado por una ley de marzo pasado.
A su vez, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, dijo que el gobierno boliviano insistirá “por la vía legal y legítima para su realización”.
En este contexto, el gobierno del presidente Morales ordenó protección militar para las oficinas públicas y los campos petroleros en los opositores departamentos de Santa Cruz y Tarija, ante la amenaza de líderes cívicos de tomar esas instalaciones.