■ Exige Rosario Ibarra atender secuestros políticos; “nadie dice nada”
Promete el Senado legislar para frenar la criminalidad
Todas las fuerzas políticas en el Senado se comprometieron ayer a modificar el marco jurídico en justicia y seguridad pública, a fin de detener la violencia y la criminalidad desatada en el país y, como un primer paso, demandaron a las secretarías de Gobernación y de Seguridad Pública, así como al Poder Judicial, toda la información sobre sentencias, preliberaciones y fugas de secuestradores.
El tema del secuestro y la inseguridad dominó ayer el comienzo de trabajos del tercer año de esta legislatura. El Partido de la Revolución Democrática presentó un paquete de iniciativas para combatir ese delito y se produjo luego un largo y en ocasiones ríspido debate, en el que Rosario Ibarra exigió que se ponga atención a los secuestros políticos y el perredista Pablo Gómez se confrontó con Arturo Escobar, del Partido Verde, en torno a la propuesta de esta última agrupación de reinstaurar la pena de muerte en el caso de plagios.
El panista Felipe González, llevó al pleno la propuesta de pedir al gobierno federal la información requerida para “trazar una radiografía” de cómo se han dado los procesos penales por secuestro durante los dos últimos años, lo que permitirá legislar en el sentido correcto. Es decir, saber qué pasa con las investigaciones, cuántos de los involucrados son consignados ante la autoridad judicial, cuántos sentenciados a prisión, y cuántos compurgan la pena.
Asimismo, cuántos de los sujetos involucrados en secuestros son puestos en libertad durante la averiguación previa, cuántos obtienen beneficios de preliberación, y si se han otorgado indultos a secuestradores que compurgan penas de prisión y cuántos han escapado de los reclusorios.
El panista resaltó que la información dará sorpresas, entre ellas que ningún secuestrador ha cumplido su condena, ya que se acogen al beneficio de la preliberación o desde la cárcel dirigen las bandas criminales.
El perredista Ricardo Monreal se sumó a la propuesta de Felipe González. Dijo que la marcha del pasado sábado contra la inseguridad no puede ser descalificada y es necesario escuchar la demanda central de que renuncie quien no pueda con el cargo. “Los primeros en irse deben ser el secretario de Seguridad Pública federal y el procurador general de la República.”
557 desaparecidos
Por su parte, la senadora Rosario Ibarra preguntó en la tribuna qué procurador, qué militar o qué presidente de la República ha sido castigado “por el secuestro de nuestros hijos”. Que se apruebe el punto de acuerdo, “pero que nos digan dónde están los 557 desaparecidos que aún tengo en mi lista”.
Insistió: “¿cuándo se ha castigado a los secuestradores de los 38 petroleros de la refinería de Cadereyta, Nuevo León, desaparecidos el año pasado, y dónde están los dos integrantes del Ejército Popular Revolucionario, de los que, con todo y Comisión de Mediación, nadie dice nada?”
El panista Marco Antonio Cortés preguntó luego por qué está “secuestrada” en el Senado la iniciativa de Felipe Calderón para imponer cadena perpetua a los secuestradores, y de inmediato el presidente de la Comisión de Gobernación, el priísta Jesús Murillo Karam, le respondió que todas las fuerzas políticas determinaron que no era viable y consideró “poco ético” replantear nuevamente una cuestión ya debatida.
También el perredista Pablo Gómez se refirió a ese punto e insistió en que no tiene sentido instaurar la cadena perpetua cuando en el Código Penal la pena máxima es de 70 años, y es peor aún, dijo, la propuesta del Verde de regresar a la pena de muerte.
“Es el único partido ecologista que hace una propuesta en ese sentido, que protesta contra la matanza de focas en Canadá, pero viene a proponer que se prive de la vida a algunos, especialmente odiados, especímenes”, añadió. El senador Escobar, furioso, le replicó que era “cinismo” hacer esa crítica cuando el PRD está en pro del aborto.
Más allá de los insultos del legislador verde, el debate se retomó y se agregaron otros puntos de acuerdo, invitar a una reunión de trabajo a representantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, invitar a los promotores de las movilizaciones a participar en las discusiones sobre las iniciativas en materia de seguridad pública –esto último a propuesta de Santiago Creel– y el compromiso de dictaminar a la brevedad las reformas pendientes para combatir la delincuencia organizada.
En la sesión de ayer la bancada perredista presentó un paquete de iniciativas constitucionales y legales para una lucha eficaz contra el secuestro, que incluyen crear un fondo especial para la investigación y la atención de víctimas y sancionar a aquellos mediadores que participen con fines de lucro.