■ En dos semanas, la primera evaluación del pacto sobre seguridad

Niega Mouriño que la ola delictiva sea “síntoma de la debilidad” del Estado

Fabiola Martínez

El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, calificó como “normal” que existan diferencias entre los integrantes del gabinete de seguridad del gobierno federal, pero descartó que la renuncia de Roberto Campa Cifrián a la secretaría del Consejo Nacional de Seguridad Pública sea parte de un pleito que trastoque los planes de combate al crimen organizado.

“No hay pleitos. Hay un objetivo común, hay una claridad respecto de lo que se tiene que hacer y hay un trabajo constante, permanente, coordinado para poder sacarlo adelante. Por supuesto que hay dificultades y hay complejidades”, indicó.

Mouriño, quien es también secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional, adelantó que dentro de dos semanas los involucrados en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad harán una primera evaluación acerca del arranque de este pacto, el cual incluye 75 compromisos, casi todos de competencia gubernamental.

A pesar de la escalada de hechos violentos en el país, vinculados a la delincuencia organizada, el responsable de la política interna negó que ello sea un síntoma de la debilidad del Estado.

“No, de ninguna manera. En absoluto. Las cosas siguen su marcha y simplemente, insisto, el cambio de una persona no responde a una muestra que no sea otra cosa que un ajuste (sic) y que las cosas tendrán que seguir marchando más allá de las personas”, expresó.

En entrevista, comentó que tras la salida de Campa Cifrián buscarán al sucesor, de acuerdo con la decisión que se tome en la próxima reunión del Consejo Nacional de Seguridad, instancia en la que participan funcionarios, pero también representantes de organismos civiles.

Respecto de las versiones acerca de una ruptura de Campa con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, el secretario de Gobernación se limitó a señalar que las diferencias “normales” no tienen relación con los resultados que se deben ofrecer a la ciudadanía en materia de seguridad, en el contexto del acuerdo firmado el pasado 21 de agosto en Palacio Nacional.

El plan de trabajo del acuerdo, agregó, son compromisos para integrantes de los tres poderes de la Unión, así como a otros grupos, como asociaciones religiosas y medios de comunicación: “no son compromisos personales”, insistió.

–¿Procede que renuncien aquellos que no puedan con el paquete, incluido el secretario de Gobernación? –se le preguntó.

–Para mí lo que procede es que cualquiera que esté al frente de una responsabilidad esté absolutamente comprometido con este tema y lo tenga como la más alta prioridad, porque es el problema y el mal que más aqueja a los ciudadanos.

–¿Es una demanda ciudadana que quien no pueda, renuncie?

–Efectivamente, sí lo es.

Antes, durante la ceremonia de inicio de la campaña Septiembre, mes del testamento, Mouriño envió saludos a la gobernadora de Yucatán, entidad que “pasa por un momento crítico e importante.

“La gobernadora (Ivonne Ortega) cuenta con el respaldo del gobierno federal para trabajar de manera conjunta”, afirmó el funcionario acerca del reciente hallazgo, en aquella entidad, de 12 decapitados.

El secretario de Gobernación dijo que el reto es lograr que la autoridad y la sociedad asuman la aplicación de la ley como el común denominador y punto de partida para recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

“Hoy es preciso decirle a todos los mexicanos que la principal obligación de gobernantes y gobernados es acatar la ley, para que todos vean protegida su integridad física, su familia y su patrimonio, en un marco de convivencia ordenado y respetuoso.”

Mencionó que el Acuerdo Nacional por la Seguridad representa un compromiso trascendente para combatir con mayor eficacia al crimen organizado, fortalecer y renovar la vocación de las instituciones encargadas de la seguridad y la procuración de justicia y afianzar en México la cultura de la legalidad.