■ En otra iniciativa plantea encarcelar a familiares de delincuentes que los encubran
Propone el tricolor castigar con rigor la infiltración del narcotráfico en la política
El PRI en la Cámara de Diputados comenzó el proceso de presentación de iniciativas de reforma tendentes a combatir las actividades ilícitas generadas por el narcotráfico.
Emilio Gamboa Patrón, coordinador del tricolor, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal Federal, con objeto de incrementar, de tres a seis años, la pena de cárcel por el delito de uso y manejo de recursos de procedencia ilícita, y considerar como delito grave los cometidos por el crimen organizado.
A esto se sumaron las iniciativas que buscan frenar la infiltración del narcotráfico en la política, limpiar las instituciones policiacas y aplicar sanciones rigurosas a aquellos servidores públicos que incurriesen en actos de corrupción, así como condenar a seis años de prisión a los familiares de los delincuentes que encubran un delito.
Guillermina López Balbuena, encargada de presentar ante el pleno la iniciativa que castigaría con rigor la infiltración del narcotráfico en política, indicó la necesidad de crear una política de Estado en procuración de justicia y prevención del delito, que conlleve la instrumentación de un sistema de evaluación de los sistemas de seguridad y justicia, mejorar la capacitación y las condiciones de trabajo de los policías en todo el país, así como la participación de la ciudadanía en tareas de control.
La representante priísta calificó de “lacras” las balaceras que en todas las ciudades del país se han venido multiplicando.
“Esto nos indica que el narcotráfico continúa aumentando en todo el territorio nacional, convirtiéndose en promotor de toda la delincuencia, por medio de cientos de miles de jóvenes adictos que están dispuestos a convertirse en asaltantes, ladrones, extorsionadores y matones.”
El panorama presentado por la diputada López Balbuena es poco halagüeño, pues los narcotraficantes, dijo, imponen su supremacía sobre los policías corruptos, situación asfixiante y progresiva que debilita el tejido social.
Emilio Gamboa y su compañero Juan Francisco Rivera Bedolla presentaron propuestas de reforma al artículo 400 del Código Penal Federal, con objeto de aplicar de tres a seis años de prisión a los familiares que encubran un delito.
“No es exagerado decir que ante el reto abierto del crimen organizado, y la ineficacia de las políticas públicas aplicadas en la materia, nos encontramos ante un problema de seguridad nacional, por lo que no debe permitirse ninguna conducta que pueda alentar la comisión de conductas delictivas de cualquier tipo, así sea por afectos filiales en el ocultamiento de quienes las cometen”.
En la exposición de motivos elaborada por ambos legisladores se advierte que el tejido social se ve seriamente afectado porque las actividades delincuenciales están permeando en todas las clases sociales, observándose “un claro deterioro de las relaciones entre la sociedad y las autoridades, derivada de la mala actuación de los servidores públicos encargados de brindar seguridad y que, por el contrario, se ven involucrados en la comisión de conductas delictivas, como se ha puesto de manifiesto cuando son detenidos delincuentes y la constante es que está involucrado personal de las instituciones de la seguridad pública y delincuentes reincidentes, que son reclutados por estos malos servidores públicos al interior de los Centros de Readaptación Social, que la realidad se han convertido en escuelas del crimen”.