■ Presenta informe de septiembre de 2007 a agosto pasado
La SFP aplicó 7 mil 896 sanciones contra 6 mil 744 servidores públicos
De septiembre de 2007 a agosto del presente año la Secretaría de la Función Pública (SFP) aplicó 7 mil 896 sanciones administrativas en las que estuvieron involucrados 6 mil 744 servidores públicos, destaca la dependencia en su segundo informe de labores, que en breve entregará a la Cámara de Diputados.
Entre los casos más relevantes está la inhabilitación por un año –por el accidente de los mineros de Pasta de Conchos, Coahuila– de los funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Pedro Isaac Camarillo Adame, ex delegado federal; Rogelio Fernando Aguirre Tovalín, jefe de la Oficina Federal del Trabajo; Luis Raúl Sarmiento Villegas, director jurídico, y los inspectores federales del Trabajo Mario Alberto Fraga Zamarrón y Jesús Reynaldo Menchaca Medina. Con excepción de Camarillo Adame, los demás fueron destituidos.
El informe, de 186 páginas, abunda sobre un caso de Pemex Petroquímica donde las irregularidades en compras alcanzan 30 millones de pesos, por lo que se aplicaron sanciones y se presentaron denuncias penales contra servidores públicos y empresas, de los cuales la SFP no publicó más información.
Destaca también la destitución e inhabilitación por 10 años de José Luis Morán López, director general del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, por utilizar becas para familiares suyos.
Asimismo, refiere que “se detectaron en Caminos y Puentes Federales prácticas indebidas entre funcionarios y empresas privadas, por montos aproximados a 100 millones de pesos”, lo que resultó en sanciones para funcionarios de alto nivel y la aplicación de mecanismos de control para evitar delitos. Indica que se descubrieron desfalcos por parte de cajeros y fueron sancionados 53 de ellos.
De acuerdo con el documento, en coadyuvancia con la Procuraduría General de la República, la SFP presentó en ese periodo 13 denuncias penales –que están en etapa de averiguación previa– contra 30 presuntos responsables, 25 de los cuales son funcionarios públicos.
Precisa que el monto global de las operaciones a que se refieren las denuncias asciende a 81 millones de pesos.